Extremadura acude a las urnas el próximo 21 de diciembre. La cita electoral sirve a los extremeños para mirarse al espejo, hacer balance de la transformación de la comunidad en las últimas décadas y analizar las tareas pendientes para el futuro. Aunque es una de las comunidades más extensas -supone el 8% del territorio español-, es, con poco más de un millón de habitantes, una de las menos pobladas y apenas representa un 1,7% del PIB nacional. También ocupa los últimos puestos -solo detrás de Andalucía- en PIB per cápita y en paro -el 15,6% en 2024, cinco puntos por encima de la media española-, el principal lastre económico de la autonomía.
Tradicionalmente una tierra de emigrantes, Extremadura es una de las comunidades que más población ha perdido en este último medio siglo: un 9,9% menos entre 1971 y 2025, según el INE, solo superada por Castilla y León, mientras que el 86% de los municipios extremeños pierden población. El último censo arroja un saldo negativo de 1.336 residentes menos en la región a lo largo de 2024, aunque los datos provisionales de este año apuntan a un levísimo crecimiento.
Además, sus habitantes viven muy dispersos: la comunidad tiene la menor tasa de densidad de población de España: 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media nacional es de 96,1 habitantes/km² -y la de la Comunidad de Madrid, en el otro extremo, de 873 habitantes/km²-.
“La situación demográfica es uno de los cuellos de botella que tiene la economía extremeña
La situación demográfica es «uno de los cuellos de botella que tiene la economía extremeña», explica a RTVE.es el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura Jesús López Mayo. Esto afecta al «peso político» que tiene la comunidad a nivel nacional y «al posible atractivo de Extremadura como mercado para distintas inversiones».
Sin una gran ciudad que concentre población e inversiones
López pone el ejemplo de una empresa que quiera poner un centro comercial. «La población y las distancias que tienen que recorrer entran en juego». La ciudad más poblada de la comunidad, Badajoz, tiene unos 150.000 habitantes, mientras que la capital autonómica, Mérida, alcanza los 60.000.
No se da el caso, por ejemplo, de Aragón, una comunidad con una población similar a la de Extremadura -y también afectada por la despoblación- pero que ha apostado todo al crecimiento de su capital, Zaragoza, cuya área metropolitana ronda ya los 800.000 habitantes. En Extremadura, la «opción política» no fue la concentración sino apostar por tener «pequeños nodos».
Curiosamente, las dos provincias más extensas de España son las de Badajoz y Cáceres, cuyas respectivas capitales también tienen los dos términos municipales más grandes del país.
De «cicatriz» a vector de crecimiento: el efecto frontera
Siguiendo con el símil de Zaragoza, que se ha beneficiado de situarse en un lugar privilegiado entre Madrid y Barcelona, Extremadura y Badajoz tienen una oportunidad de crecimiento por su posición a medio camino entre la capital española y Lisboa.
En el pasado, antes de la entrada de España y Portugal en la UE, en 1986, la frontera era una «cicatriz» y Extremadura «un lugar de término», donde acababa todo. Sin embargo, la eliminación de los controles fronterizos ha permitido un mayor tránsito de mercancías y trabajadores que ha beneficiado especialmente a la capital pacense, cuyo centro histórico está a apenas siete kilómetros de la Raya, como se conoce a la frontera hispano-lusa.
El gran obstáculo para lograr una mayor integración sigue siendo las infraestructuras. Recorrer en tren el trayecto Madrid-Lisboa, separadas por una distancia de apenas 500 kilómetros, conlleva dos cambios y al menos nueve horas de viaje en el mejor de los casos.
Una «isla» ferroviaria
De nuevo el tren. A pesar de las mejoras en los últimos años, Extremadura sigue siendo una «isla» ferroviaria, denuncia López. La alta velocidad no llegó hasta 2022, pero sigue muy lejos el horizonte de la entrada del AVE y todavía no hay «un tramo electrificado desde Plasencia hasta Madrid», lo que dificulta el tipo de trenes que pueden circular, alarga los tiempos de los trayectos y provoca que haya más averías.
La conexión directa entre las capitales española y portuguesa se anunció en 2003, y según los últimos cálculos de la Comisión Europea no llegará al menos hasta 2034. Los cambios de criterio, especialmente por parte del Gobierno luso, que ha priorizado la conexión Lisboa-Oporto-Vigo, y la falta de decisión en cuanto al tramo de Castilla-La Mancha, han supuesto continuos retrasos en el proyecto. El último tren directo, el tren hotel Lusitania, dejó de prestar servicio con la pandemia.
La falta de conexión con Portugal afecta también al tráfico de mercancías, e impide que se pueda aprovechar el puerto de Lisboa para la «vocación exportadora del campo extremeño».
Gran presencia de la agricultura y la ganadería
Extremadura destaca por el elevado peso de la agricultura y la ganadería en su PIB: aporta el 7,7% de su riqueza, mucho más que la media nacional, del 2,7%, según Caixabank Research. El sector primario vive una «situación dual», según el profesor de Economía de la Uex. Por un lado, una parte del sector agrícola «se ha modernizado», enfocándose en la exportación, mientras que otra, más afectada por las sequías, es menos dinámica.
Esto influye en los bajos salarios que se pagan en la comunidad, que tiene el sueldo medio más bajo de España (1.869 euros brutos mensuales, según datos del INE de 2022), así como uno de los índices más altos de desempleo. También es la segunda comunidad con menor productividad en los últimos años, solo por detrás de la Región de Murcia, según el Colegio de Economistas.
El problema parte de la «estructura productiva de Extremadura», según López, ya que dominan «servicios de bajo valor añadido». La comunidad no ha atraído al ritmo de otros territorios industrias dinámicas vinculadas a la tecnología y otros sectores de mayor valor añadido -y que pagan mejores sueldos-. Sí que hay algunos proyectos que ofrecen esperanza sobre la atracción de innovación en la comunidad, como la fábrica de baterías proyectada en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que se convertirá en la mayor industria de la región.
«Cuando uno compara la Extremadura de hoy con la de hace diez o veinte años, ha cambiado para bien, pero si se compara con la media nos falta converger y mejorar como lo han hecho otros», apunta.
La comunidad también destaca por el elevado peso de los empleados públicos sobre el total de los trabajadores: representan un 26%, más que en cualquier otra autonomía.
Una población envejecida en dos de cada tres municipios
Los sueldos bajos y la falta de oportunidades han provocado que muchos jóvenes sigan emigrando a otras partes de España y del extranjero. El 36% de los nacidos en Extremadura, casi medio millón de personas, vivían en otras comunidades en 2024, aunque el dato se ha reducido respecto a años anteriores, según el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).
La emigración, unida a la baja natalidad, contribuye al envejecimiento. La comunidad es la quinta más envejecida del país y en casi el 70% de los municipios los mayores de 65 años representan uno de cada cuatro habitantes. Solo hay tres municipios extremeños donde se considera que la población es joven -es decir, los mayores de 65 representan menos del 16% del total-, según el IEEX.
La situación es más dramática en zonas del norte de Cáceres, donde la población además de envejecida está dispersa. «Si el envejecimiento de la población española está haciendo que el coste de los servicios públicos de sanidad y dependencia vaya aumentando, imagínate si además hay que prestar ese servicio en un territorio en el que las personas están muy separadas», expone López.
La comunidad con menos migrantes
A ello se une la baja atracción de migrantes. Extremadura es la comunidad que menos población extranjera recibe respecto a su población: solo el 4,1% de sus habitantes son extranjeros, frente a la media nacional del 13,4% según datos del INE de 2024. Las excepciones se encuentran en municipios de Cáceres como Talayuela o Toril, que atraen a gran población de migrantes, sobre todo marroquíes, para trabajar en la industria agraria. Allí el porcentaje de población extranjera se eleva a más del 20%.
«No vienen tantos inmigrantes por lo mismo que nuestros jóvenes se van», resume López, por una cuestión de «expectativas». Otra vez el empleo y los salarios bajos se sitúan como el principal problema: los extranjeros buscan mejores oportunidades en destinos con mayor dinamismo económico.
También influye la vivienda. Extremadura es la comunidad con el precio del metro cuadrado más barato de España, 936 euros, la única por debajo de mil y lejos de la media española de 2.153 euros, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, no se libra del problema de acceso que se da en todo el país. En ciudades como Badajoz, los precios altos respecto al nivel de vida impiden que muchos jóvenes puedan comprar, y en zonas rurales se repite la falta de oferta.
Una potencia en renovables
Uno de los sectores que sí han mostrado un gran crecimiento en Extremadura en los últimos años ha sido el energético. La comunidad se ha convertido en una potencia renovable: tiene uno de cada cuatro MW de energía solar instalados en nuestro país, lo que supone la mayor cuota a nivel nacional, y en 2024 produjo el 23% de la energía generada por esta fuente en España.
Extremadura, por su bajo consumo y su gran capacidad de generación energética, siempre ha sido una región exportadora de energía hacia otras partes de España. Primero con la hidroeléctrica -alberga el mayor embalse del país, el de La Serena- y la nuclear -con dos reactores en Almaraz-, y ahora también con las renovables.
López considera que Extremadura «debería aprovechar esa ventaja competitiva de una producción energética elevada para atraer proyectos que la aprovecharan», como la fábrica de baterías de Navalmoral, o iniciativas de hidrógeno verde.
El cierre de Almaraz centra el debate energético
Es precisamente la cuestión energética una de las que ha centrado la precampaña. Según el calendario de cierre nuclear acordado por el Gobierno y las empresas eléctricas, el reactor I de Almaraz, que genera cerca de un 7% de la demanda eléctrica nacional, será el primero en cerrar, en 2027. Le seguirá Almaraz II, en 2028.
Esta clausura ha generado un gran rechazo en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, donde se ubica la central, y donde cerca de 3.000 empleos dependen de la misma, según los contrarios al cierre. La oposición también es unánime en los partidos en Extremadura: rechazan el cierre tanto PP y Vox como el PSOE extremeño, a pesar de que es el Gobierno central el que quiere mantener el desmantelamiento nuclear programado desde 2019.
Almaraz «tiene un peso importante en el PIB de Extremadura y si se cerrara sin ningún tipo de actividad alternativa caería el PIB, algo parecido a lo que ocurrió en Asturias y León cuando se cerró la minería», señala el economista de la Universidad de Extremadura Jesús López.
Las eléctricas, propietarias de las centrales, presionan para alargar la actividad de las centrales, mientras que ecologistas y algunos expertos en energía recuerdan el alto coste de la producción nuclear en comparación con las renovables, cuyo precio no ha dejado de bajar en los últimos años.
Polémica por la minería
Otro debate relacionado con la transición ecológica ha irrumpido en los últimos meses en la comunidad: la minería. La Unión Europea designó el pasado marzo como proyectos estratégicos, y que recibirán por tanto financiación comunitaria, tres proyectos de extracción de minerales críticos en Extremadura: una mina de litio en Cañaveral, otra de wolframio en Almoharín (ambos en Cáceres) y una de níquel en Monesterio (Badajoz).
Las inversiones han sido recibidas de manera ambivalente: por una parte se ven como proyectos necesarios para reducir la dependencia del exterior y fuente de empleo, y por otra entre vecinos y ecologistas cunde el miedo por los impactos ambientales.
López cree que tanto la sociedad extremeña como la española deben afrontar un «debate sosegado y consensuado» sobre cómo afrontar la transición energética y combinar «crecimiento económico con conservación del entorno». «Tenemos que ser conscientes de que si queremos una cosa la tenemos que querer con las luces y con las sombras».
Las tareas pendientes
Para este economista, es fundamental «ganar peso político» como vía para mejorar la situación económica y social extremeña. «Somos un millón de personas y no contamos», lamenta. Esto permitiría luchar por «un sistema de financiación autonómica que realmente mirase bien las necesidades y que respondiera a lo que se necesita y no al peso político de cada comunidad».
También aboga por «retener talento» con industrias innovadoras y competitivas, que podrían nacer al calor de la ventaja que ofrece la producción energética renovable. El Gobierno autonómico que salga de las urnas el próximo 21 de diciembre deberá afrontar todas estas tareas: tanto deberes históricos de la comunidad como los nuevos retos de este siglo XXI.