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Fuentes del PP son tajantes sobre la iniciativa del Gobierno: «Que se olviden, no se va a incluir en la Constitución»
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Sanidad exige también a Aragón y Baleares que cumplan la ley y hagan registro de médicos objetores
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno inicia este martes el primer trámite para blindar el aborto en la Constitución. «Vamos a iniciar el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la C.E.», ha expresado en una entrevista en la ‘Cadena Ser’.
Sánchez no ha descartado un referéndum al respecto, pero ha recalcado que su intención es iniciar la reforma constitucional desde el Ejecutivo para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo de la carta magna que recoge el derecho a la protección de la salud. Además, pretende que se obligue a los poderes públicos a garantizar el aborto en condiciones de igualdad efectiva para todas las mujeres.
Para el jefe del Ejecutivo es necesario seguir el camino de Francia porque, con independencia de que exista la ley del aborto, hay gobiernos autonómicos que «por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo» la incumplen, en referencia a la Comunidad de Madrid.
De hecho, el Gobierno ha anunciado que requerirá a Madrid un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Un registro que la presidenta Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se niega a hacer. A juicio de Sánchez, si en esa comunidad solo se realizan un 1% de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública, es porque detrás hay una decisión política, que nada tiene que ver con el sentir de la mayoría de las mujeres.
Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que con esa decisión están «garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo dentro del sistema de salud público».
En el Gobierno reconocen que lograr introducir el derecho al aborto en la carta magna no va a ser sencillo, ya que se necesita el voto favorable de tres quintas partes de las Cámaras, y ponen la presión en el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. «Espero que el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres», ha expresado Redondo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De hecho, el propio Sánchez ha recordado en su entrevista que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener «ningún problema, ni político ni intelectual».
Requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares
Madrid no es la única comunidad autónoma que no ha creado en registro de médicos objetores. Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, tampoco lo tienen. Por ese motivo, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, les ha enviado este martes un requerimiento formal a todas ellas para que cumplan la ley, y si no responden en un mes, se acudirán a la justicia.
«El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto», ha señalado García.
Además, García se ha dirigido directamente a Ayuso, que ha sido la más crítica con el Gobierno. La ministra ha recomendado a la presidenta madrileña «recoger cable» y que abandone la «cruzada contra las mujeres».
El PP dice que «se olviden» de contar con ellos para blindar el aborto
En Génova son tajantes sobre la iniciativa del Gobierno central, después de varios días de idas y venidas con el aborto. «Que se olviden, no se va a incluir en la Constitución», han expresado fuentes del PP a RTVE.
La semana pasada, Feijóo garantizó que se cumpliría la ley tras la negativa de Ayuso a crear el registro de objetores, sin embargo, este lunes el líder del PP cambió de opinión y señaló que lo sustituiría por un registro de médicos que sí quieran practicar abortos.
Un cambio de postura en la dirección nacional del PP después de que el propio Feijóo contradijera la postura de una de sus barones territoriales con más poder, Ayuso.
Sumar no estaba convencido en un primer momento
La postura respecto a la propuesta de reforma de la constitución está consensuada con el socio de coalición, Sumar, aunque para llegar a ese punto, las dos formaciones que conforman el Ejecutivo han tenido que negociar. A primera hora de la mañana, fuentes del partido de Yolanda Díaz aseguraban que el texto planteado por el PSOE «no convencía» de primeras al no ser «garantista» e «insuficiente».
El texto que proponía Sumar pasaba por reconocer el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, libre, informada, plena y universal, y que los poderes públicos garantizasen el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física. «La cuestión es que no es lo mismo una referencia en genérico para garantizar la salud pública y sus servicios que reiterarla en un potencial apartado 4 para referirnos a un derecho específico. Eso llama a limitación», habían expresado fuentes del partido. Sin embargo, horas después las posturas se han acercado entre las dos alas del Gobierno, después de que el PSOE esté dispuesto a aproximarse a las aspiraciones de Sumar.
En marzo de 2024, Sumar ya demandó blindar en la Constitución el derecho al aborto, aunque entonces, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo rechazó porque consideraba que no se daban «las condiciones» al requerir «enormes consensos». Ahora, la situación parece haber cambiado.