La consejera Conchita Ruiz informa de que algunos de los once migrantes trasladados tienen «familia en la que residir» en esos territorios
Una trabajadora de Cruz Roja sostiene a un niño entre sus brazos en Canarias.
El Gobierno de España ya ha iniciado el traslado a la Región de Murcia de los primeros menores extranjeros no acompañados provenientes de Canarias y Ceuta que corresponde acoger a esta comunidad. Son once y, según ponía de manifiesto ayer la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, para su «sorpresa», algunos de ellos ya están «arraigados» en estos territorios.
«Tienen cierto vínculo emocional y familiar con estas comunidades; es decir, tienen familia en la que pueden residir o pueden convivir», aseguró Conchita Ruiz.
Desde el Gobierno regional critican la gestión de la política migratoria que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, puesto que la está utilizando «como arma política para crear divisiones en las comunidades autónomas» y para «descargar toda su responsabilidad en las comunidades sin ningún tipo de financiación y arrancando a los menores de su entorno en estos momentos, de su entorno más familiar, que es el que ellos reconocen tener en las comunidades en las que se encuentran».
San Esteban advierte de que usará «todas las herramientas jurídicas» para evitar los traslados
La consejera recordó que desde la Comunidad se están «alegando estos expedientes» que les envía el Ministerio de Infancia. Además, se han recurrido los dos reales decretos que ha aprobado el Gobierno central: en uno se acordaba la contingencia la crisis y la contingencia migratoria en determinadas comunidades autónomas como Canarias y Ceuta, y en otro se decreta el traslado y reubicación de los menores extranjeros.
La responsable de Política Social avanzó que el Gobierno de Fernando López Miras usará «todas las herramientas jurídicas» a su alcance para evitar estos traslados, ya que «el Gobierno central está invadiendo competencias y está desprotegiendo la situación de los menores, a los que está tratando como mercancía».
En principio, el número de menores migrantes que serán distribuidos a la Región será de 133.
Vox exige pruebas periciales
El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, denunció ayer que «el Gobierno central ha vuelto a engañar a los ciudadanos de la Región» después de que se conociera que, desde 2023, llegaron 340 migrantes menores como si fueran adultos.
«Es una estafa constante. Hay sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que demuestran que al menos el 57% de los menas son mayores de edad, y en Aragón las pruebas periciales revelaron que el 90% también lo eran». Por esto desde Vox han pedido al Partido Popular «que cumpla el acuerdo presupuestario y realice estas pruebas en la Región. Los que no sean menores y sean extranjeros deben pasar a disposición policial y ser deportados», han informado fuentes del partido en una nota de prensa.
Antelo insistió en que «a España se entra de forma legal y ordenada» y recalcó que «los inmigrantes ilegales, los delincuentes extranjeros y quienes pretendan imponer sus costumbres contrarias a nuestros valores deben ser deportados».