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Busca sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante la dictadura franquista (1968), aún vigente
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El tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15 años
El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, que ahora será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. El texto, que establece por primera vez la desclasificación automática antes de que se cumpla un plazo máximo de 60 años, pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante la dictadura franquista (1968), aún vigente.
De esta manera, el tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15 años. El proyecto de ley también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
También existe una disposición adicional relativa a la desclasificación de la información anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, lo que incluye la dictadura franquista y la Transición. Así, toda la información clasificada previa a 1980 se desclasificará automáticamente, «salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o de defensa». Si se cumplen los plazos parlamentarios según lo previsto, a finales de 2026 ya se podría hacer pública la información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, siempre que, como se ha indicado, «no afecte a la seguridad nacional y la defensa».
«Si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE en el último trimestre de este año, y entraría en vigor en el último trimestre de 2026», ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
En palabras de Bolaños, el nuevo texto «sustituye una ley preconstitucional, nos homologa a las democracias mas avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa, y lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos de conocer, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia».
Según ha señalado , con esta norma se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción por la Democracia y se asume una de las recomendaciones que sistemáticamente viene haciendo a España la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho, de cara a mejorar el acceso ciudadano a la información y, en particular, a documentos oficiales.
‘Alto secreto’, ‘Secreto’, ‘Confidencial’ y ‘Restringido’
La nueva ley define a la información clasificada como «toda aquella cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o para la defensa». En base a este criterio, regula cuatro categorías de información clasificada: ‘Alto secreto’, ‘Secreto’, ‘Confidencial’ y ‘Restringido’, con límites temporales de clasificación asignados de manera gradual según el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido.
La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Consejo de Ministros -a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros- en el caso de ‘Alto secreto’ y ‘Secreto’ y de un número «tasado y reducido» de autoridades en las categorías de ‘Confidencial’ y ‘Restringido’.
Así, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia «en línea con la OTAN y la Unión Europea». Los secretos posteriores a 1980 se irán desclasificando automáticamente según estas fechas:
Alto secreto: hasta 60 años (45 años, prorrogables otros 15). Aquellos cuya difusión no autorizada puede «causar una amenaza o perjuicio extremadamente grave para la seguridad y defensa nacional».
Secreto: 35 años, con prórroga de diez años más.
Confidencial: Entre siete y nueve años, sin posibilidad de prórroga.
Restringido: Entre cuatro y cinco años, sin posibilidad de prórroga.
Con independencia de estos plazos, la información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa y la seguridad nacional. En el caso de que no sea así, se podrá desclasificar, cualquiera que sea el momento en el que se produzca dentro del plazo.
La nueva ley también fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de la Comisión parlamentaria constituida a este efecto.
Excepciones
Según indica el texto, una información podrá seguir siendo secreta con carácter indefinido si se aprecia «motivadamente y de forma excepcional» que hay razones para clasificarla de nuevo. En este caso se reiniciarían los plazos.
Asimismo, se introducen sanciones administrativas para quien desvele información clasificada, con importes de hasta 2,5 millones de euros en los casos más graves, que se sumarán a las sanciones penales. Para velar por el cumplimiento de la nueva norma, se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya propuso en la anterior legislatura una reforma similar que planteaba un plazo máximo de 65 años, cinco más que en el nuevo texto. Sin embargo, su tramitación se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones de julio de 2023.
«Se iba a aprobar en mayo de 2023, pero se convocaron elecciones generales y se disolvieron las Cortes», ha recordado el ministro Bolaños, quien ha insistido en que «en todo este tiempo hemos recabado todos los informes preceptivos», y ha puesto énfasis en el elaborado por el Consejo de Estado, que «ha avalado por unanimidad la ley».
Con la tramitación de esta proposición de ley, el Gobierno cumple con la promesa que le hizo al exportavoz del PNV Aitor Esteban el pasado 26 de febrero, cuando se despidió del hemiciclo después de más de dos décadas como diputado. «Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales», le prometió Sánchez, ya que el PNV ha sido el gran impulsor de esta ley en los últimos años.
Además, en la misma sesión, el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley para regular el derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación. Con este texto, que tendrá que pasar el proceso de audiencia pública, el Gobierno quiere garantizar el derecho al secreto profesional de los periodistas.
Documentación relativa a la Iglesia y al rey Juan Carlos
En cuanto a las posibles excepciones, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reclamado al Gobierno que no existan restricciones a temas como el papel de la Iglesia católica en la dictadura; la documentación relativa a los días en que Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de la dictadura, debido a una baja por enfermedad de Franco; o importantes materias militares que han permanecido ocultas durante décadas, como los archivos secretos del Ministerio de Defensa relativos a las relaciones entre España y la Alemania nazi, sus vuelos aéreos y sus intercambios de material entre 1936 y 1945.
La ARMH lleva décadas tratando de localizar toda la documentación relativa al estudio de todos los enterramientos del Estado, relacionados con la guerra civil y la represión, que se elaboró previamente a la decisión de exhumar fosas comunes en diversas provincias españolas para trasladar esos restos al Valle de los Caídos. Para Emilio Silva, presidente de la asociación, «esa información, elaborada en la década de los años cincuenta, es el mejor mapa de fosas comunes al que puede acceder hoy la sociedad».
La organización humanitaria Amnistía Internacional también ha recibido con optimismo la futura ley. «Las violaciones de derechos humanos nunca se pueden clasificar como secreto oficial», ha asegurado en su cuenta oficial de la red social X.
Amnistía Internacional ha pedido el apoyo urgente de todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados «para que dejen a un lado sus guerras partidistas, alcancen el imprescindible consenso político y aprueben una ley que sea acorde a los estándares internacionales de derechos humanos». «Esta ley puede cambiar la historia», ha afirmado.