-
Madrid y Aragón han anunciado que recurrirán a los tribunales el «lamentable» acuerdo del PSOE y Junts
-
El Gobierno canario considera una «magnífica noticia» que se apruebe la reforma de extranjería a través de un real decreto
PorIRENE FEDRIANI RTVE
De este modo, avanzan que seguirán la estela del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que este lunes anunció que no aceptarían a más migrantes por haber rebasado los límites de su capacidad de acogida. «Son personas a atender, no paquetes a recepcionar», subrayan a RTVE fuentes la dirección nacional del partido, que reclaman más recursos al Gobierno.
«Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país», avisan las fuentes, que defienden que este planteamiento «es consecuente con la postura» del partido y que fue suscrita por Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo, el pasado mes de septiembre en el acuerdo migratorio que sellaron en Canarias. Entonces, continúa el PP, establecieron «una serie de condiciones muy razonables para modificar la ley de extranjería».
Aluden al pacto de asilo y migración de la UE
Desde Génova también critican que el Ejecutivo haya acusado a la Comunidad Valenciana de ser «racista en materia de inmigración» tras su acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de la región y que prefiera «negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP» para «mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos». «Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual donde estén esos menores, pero que no estén en Cataluña», ha afirmado poco después el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda prensa.
Preguntado por los periodistas acerca del cumplimiento de un reparto obligatorio, Tellado ha aseverado que ninguna comunidad del PP incumplirá la ley. «Desconocemos el texto. Seamos prudentes. Estamos en contra de que se nos imponga», ha expresado. En ese sentido, ha emplazado al momento en el que se haga público el contenido del acuerdo para marcar «la línea de acción» del partido.
Asimismo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que le resulta «sorprendente» que el Gobierno opte por pactar con Junts y no utilizar las herramientas que ofrecen Frontex o el pacto de migración y asilo de la UE, que los socialistas apoyaron en Bruselas. «Hay que hacer de la política de los retornos un instrumento eficaz para hacer frente a la inmigración irregular en Europa», ha manifestado Gamarra, para quien también es necesario una política de «control de fronteras». «España está en situación de emergencia», ha afirmado.
Por lo pronto, varios ejecutivos autonómicos del PP han trasladado ya sus críticas al acuerdo migratorio, entre ellos Andalucía, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid. Estas dos últimas han anunciado además que lo llevará a los tribunales.
A través de sus redes sociales, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que «no se puede fomentar la inmigración irregular masiva» y se ha mostrado totalmente en contra a que Cataluña reciba solo 20 menores no acompañados por los 700 que recibirá la Comunidad de Madrid. Poco después, el ministro de Transición digital y líder del PSOE-M, Óscar López, ha respondido afirmando que «Madrid no es racista ni xenófoba», sino «una tierra de acogida». «Pero la señora Ayuso, una vez más, elige el racismo y la xenofobia antes que los derechos humanos», ha agregado.
Un día después del preacuerdo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con para aprobar unos presupuestos y aceptar la política migratoria de los de Santiago Abascal, Mazón ha criticado la labor del Gobierno “a espaldas de las Comunidades Autónomas”. El presidente de la Generalitat ha señalado que “no tolerará un reparto absolutamente arbitrario al dictado del separatismo catalán sin ningún tipo de política migratoria”.
Canarias ve una «magnífica noticia» la aprobación del decreto
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que aún no conoce el texto definitivo del acuerdo, pero ha considerado que es un «triunfo» de la sociedad canaria, que dio un «paso adelante» para «luchar» contra un «vía crucis» de año y medio.
En rueda de prensa ha solicitado igualmente»lealtad institucional» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, formación a la que ha pedido expresamente no «obstaculizar ni entorpecer» la aplicación del acuerdo.
Fuentes del Gobierno canario a RTVE han celebrado el anuncio. «Nos dijeron que no era posible y a base de trabajar, buscar diálogo e insistir, se ha conseguido. Canarias no se ha rendido porque sabía que tenía razón», han manifestado.
Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, ha considerado que se trata de un «acuerdo positivo» porque incluye la propuesta conjunta que plantearon Canarias y el País Vasco en la Conferencia de Presidentes de diciembre para un «reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo». No obstante, dice echar en falta «una mención a la frontera norte, por lo que hay margen de mejora».
Vox carga contra la «política de puertas abiertas»
Mientras tanto, Vox ha acusado al Gobierno de «absoluta irresponsabilidad» con su «política de puertas abiertas». En una comparecencia desde el Congreso, la portavoz del partido, Pepa Rodríguez de Millán, ha reclamado que quienes «entren de forma ilegal a España» sean repatriados y reagrupados con sus familias.
«Esta absoluta irresponsabilidad lo sufren los españoles y no Pedro Sánchez en Moncloa. Son políticas de la élite para que las padezcan el común de los mortales», ha afirmado la diputada, que ha asegurado que los migrantes «son personas que no tienen ninguna voluntad de integración». Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de «gravísimo» el acuerdo y ha cargado en RNE contra los de Carles Puigdemont porque «hacen lo de siempre» y «negocian con el PSOE sus prebendas».
Más allá ha ido el líder del partido, Santiago Abascal, que en un tuit publicado en X ha dicho que hay que mandar a los menores migrantes «a Marruecos» con «su rey», y no a ningún sitio de España.
Podemos lo considera un «parche»
En cambio, para Podemos el acuerdo es «un parche» que no ataja «las cuestiones fundamentales de nuestra política migratoria». La secretaria general del partido, Iones Belarra, ha tachado de «racismo institucional» el sistema español y ha propuesto que los menores que lleguen sean atendidos por los servicios sociales y trasladados a los lugares donde cuenten con familia. «Apoyo que haya solidaridad territorial para que sean acogidos en las mejores condiciones, pero es un parche», ha zanjado.
En términos similares se ha expresado el líder de ERC, Oriol Junqueras, que en una entrevista en La Hora de la 1 ha afirmado que es «preocupante» no ser «conscientes de las cuestiones de fondo a las que no nos enfrentamos, de que no estamos solo ante una cuestión de cómo se acoge a un determinado número de personas». Para Junqueras, las «políticas migratorias más duras no sirven para reducir la migración», sino «para empujar a más personas fuera del sistema», perjudicando al conjunto de la sociedad al no poder garantizar que esos trabajadores aporten a los servicios públicos, el sistema de pensiones o la seguridad social.
Desde Compromís, la diputada Águeda Micó ha señalado que si se respeta la solidaridad, «no debe haber problema» con el acuerdo. «La situación de Canarias y de Ceuta es grave y es necesario que el conjunto de territorios nos solidaricemos con esta situación», ha añadido. Y por Más Madrid, Tesh Sidi ha valorado positivamente que la situación de los menores se desbloquee y ha cargado contra el PP por no estar «a la altura en la distribución».