El reconocido penalista participó en casos judiciales como el de la CAM o en el de la desaladora de Escombreras
Diego de Ramón, en una entrevista con La Opinión. / J. Caballero
El abogado murciano Diego de Ramón, que ha ejercido la acusación popular en algunos de los procesos judiciales más polémicos que se han desarrollado en la Región durante las últimas décadas, ha fallecido este viernes a los 72 años. Aunque su salud se había deteriorado en los últimos años y él mismo reconocía que apenas tenía tiempo para descansar, ha seguido trabajando en causas como la de la desaladora de Escombreras, que arrancó hace una década a raíz de la denuncia que él presentó ante la Fiscalía.
Diego de Ramón, que fue durante mucho tiempo asesor del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, se dio a conocer en los años 80 del siglo pasado como adalid del consistorio frente a la compañía Telefónica, a la que reclamó la llamada tasa de las palometas.
Su defensa de los intereses municipales frente a la que entonces era una de las grandes compañías públicas españolas permitió el establecimiento de este tributo local destinado a compensar la ocupación del territorio público para el despliegue del cableado, que la empresa se resistía a pagar
Hace poco volvía a actuar como adalid de las causas imposibles y pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que investigue las irregularidades en los contratos y en las tarifas aplicadas por Iberdrola durante la pandemia, que dieron lugar a varios expedientes sancionadores por parte de la Comisión de la Competencia.
También fue él quien presentó una querella por la contaminación del río Segura, que dio lugar a un largo proceso judicial, al que la Justicia acabó dando carpetazo muchos años después amparándose en las dilaciones de la causa.
El abogado murciano ha sido un hombre profundamente religioso y devoto de San Francisco de Asís, hasta el punto de que declaró a La Opinión que si ganaba la causa por la contaminación del Segura, renunciaría a sus honorarios para erigir una estatua a su admirado santo.
De lo único que ha presumido siempre ha sido de su fe católica, de su espíritu franciscano y de la vida entregada al trabajo que ha llevado desde su juventud.
En una entrevista publicada en este diario resumía así sus creencias: «Adopto una sencilla parábola católica: el Señor abre los brazos para todos, hayan cometido los pecados que hayan cometido. Dios no excluye a nadie. Si Dios no lo es, los políticos tampoco pueden ser excluyentes».
Tal vez por eso no renunció nunca a su cruzada contra la corrupción, que le ha llevado a plantear decenas de denuncias contra políticos e instituciones ante los tribunales y ante otras instancias, como la Unión Europea.
También presentó varias querellas contra los exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que dieron lugar al procesamiento de la cúpula de la entidad y a la apertura de varias causas judiciales por la quiebra que la llevó a la intervención del Banco de España.
Durante décadas ha compaginado su actividad como letrado con la participación en otras causas vinculadas a la corrupción, como la desaladora de Escombreras o Novo Carthago, un gran proyecto urbanístico junto al Mar Menor, cuyos terrenos se financiaron también con créditos de la CAM.
Él ya no podrá intervenir en los juicios que están señalados para dentro de varios años, pero sus diligencias en ambos procesos han quedado plasmadas en las páginas de ambos sumarios.
Tenía su despacho en la Gran Vía de Murcia y durante años se le pudo ver por la noche paseando con su perro por el centro de Murcia.
Su cuerpo se vela en la sala 9 del Tanatorio de Jesús de Murcia desde este viernes. Este sábado se celebrará el entierro en la iglesia de San Nicolás de Murcia a las 16.00 horas capital.