La Comunidad cifra en 25.000 los murcianos que no pagan el alquiler

La ‘inquiokupación’ es la última vuelta de tuerca al problema de la ocupación ilegal de viviendas en nuestro país, después de que el cantante Manu Tenorio haya acaparado muchos minutos de televisión durante las últimas semanas denunciando que tenía a unos inquilinos en una vivienda de su propiedad que no le pagaban el alquiler.

Lo cierto es que, más allá de los problemas que pueda tener el artista —que parece que son con Hacienda—, la Consejería de Fomento e Infraestructuras se muestra preocupada por este «nuevo fenómeno», que se da «cuando la gente deja de pagar el alquiler voluntariamente porque saben que no los van a desahuciar», explican fuentes del departamento de Jorge García Montoro. El Gobierno regional señala que son 25.000 los casos de ‘inquiokupación’ en la Región, una cifra que recoge de la Plataforma de Afectados por la Okupación.

Desde San Esteban remiten al Ministerio del Interior y a sus estadísticas sobre allanamiento y usurpación de inmuebles de 2023 para informar de que en la Región de Murcia solo hay 435 casos oficiales de ocupación ilegal. El número de inmuebles en toda la Comunidad no alcanza los 780.000, por lo que las viviendas afectadas por este problema, a pesar de la gran cantidad de las noticias al respecto y anuncios de sistemas de seguridad que aparecen en los medios de comunicación, representa un ínfimo 0,055% del total.

A nivel nacional, el Ministerio del Interior registró 15.289 casos de ocupación ilegal en España el año pasado, cayendo un 8,8% con respecto a 2022. En la Región de Murcia, el descenso fue el mayor de todo el país, con un 31,4 %.

No obstante, desde el Gobierno regional añaden que otras estadísticas, como las del Colegio de Economistas de Cataluña y el Institut Cerdà, elevan la cifra de ocupaciones ilegales en España hasta las 78.800.

Ante el panorama, la Administración regional diseñó la pasada legislatura un plan contra estos allanamientos, esgrimiendo que se trata de un problema que cada vez es «más latente y dramático porque entre otras cosas no se puede dar una respuesta eficaz conforme a la legislación estatal existente actualmente». Por eso se redactó el Manual de buenas prácticas contra la ocupación de viviendas de la Región de Murcia y el Protocolo de detección temprana de la ocupación; se creó un correo electrónico (alertaokupa@carm.es) y un teléfono (968377000) para denunciar casos anónimamente; y se constituyó una Mesa para la lucha contra la Ocupación que se ha reunido, al menos, en tres ocasiones.

Denuncias por localidades

Desde la creación de estos canales, en 2020 el correo y en 2022 el teléfono, se han recibido un total de 706 comunicaciones. La mayoría, como es lógico, en los municipios más poblados, como son Murcia, con 158 denuncias; y Cartagena, con 98. Sin embargo, el tercero en donde más avisos se han recibido es Lorquí, con 64; seguido de Lorca, con 51; Los Alcázares, con 45; y Archena, con 40 denuncias. En Molina de Segura hubo solo 35 comunicaciones.

Los municipios en los que no se ha registrado ninguna llamada o correo al respecto son Moratalla, Ojós, Pliego y Villanueva del Río Segura.

Desde el Gobierno regional recuerdan que en ningún caso las comunicaciones recibidas se tratan de solicitudes que inician procedimiento administrativo alguno ni se considera la vía para instruir una denuncia. Ambos supuestos corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y policías locales.

Con estos datos en la mano, Fomento defiende que «el problema de la ocupación de viviendas en la Región de Murcia existe y es dramático allí donde existe por la impotencia que genera». Consideran que, aunque los canales de comunicación a disposición de los ciudadanos «son un éxito», los afectados «siguen sintiendo mucha impotencia, ya que carecen de la normativa jurídica sustantiva y procesal para dar una respuesta eficaz y contundente a la violación de su derecho constitucional a la propiedad privada».

Señalan también que este hecho es aún más agravante en el caso de la ocupación de las viviendas del parque público, inmuebles cuya finalidad es atender con la mayor prioridad y rapidez a las familias con necesidades y especial vulnerabilidad. Según la Consejería, en los últimos cuatro años se han recibido 49 denuncias que afectan a estas viviendas. De ellas, 28 viviendas aún no han sido recuperadas, estando 13 con señalamiento de juicio y 8 pendientes de sentencia firme. Además, hay 78 sospechas de viviendas en situación irregular en 24 municipios.

Contacto con los ayuntamientos

El Servicio de Lucha contra la Ocupación se trasladó en septiembre de 2023 al municipio de Santomera para colaborar en la prevención y asesoramiento. Asimismo, asesora y mantiene contactos telefónicos con distintas pedanías y ayuntamientos a la hora de prevenir e intervenir en la lucha contra la ocupación de viviendas. Desde Fomento mencionan por su especial relevancia la comunicación mantenida con la pedanía de Torreagüera en Murcia, así como con Espinardo y El Palmar.

La PAH defiende que no todos los okupas son iguales

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no cree que el porcentaje de ocupaciones ilegales sea lo suficientemente alto como para considerarlo un «gran problema» en la Región.

El sacerdote y activista Joaquín Sánchez indica que se dan hasta tres situaciones ante este fenómeno. Por un lado, los okupas más conflictivos para la comunidad de vecinos en la que se instalan. Estos suelen formar parte de mafias o se meten en una vivienda que no es suya para traficar con droga. «A mí me han llegado a amenazar» por no querer ayudarles desde la Plataforma, reconoce.

José Antonio Vives, también activista de la PAH, llama a estos sujetos «okupajetas» y los reconoce muy pronto, cuando les piden ayuda pero se niegan a facilitarles la información que les piden. Enseguida se dan cuenta de que «no tienen nada que hacer» en la Plataforma. Entre estos «listillos», afirma, también se encuentran aquellas mafias que ocupan una vivienda y exigen un dinero a cambio de salir de ella.

El otro grupo de okupas, señala Joaquín Sánchez, son los que acaban en un inmueble que no es de su propiedad por «pobreza y desesperación». La mayor parte encajan en esta definición y no es difícil entender que se produzcan estas ocupaciones ilegales cuando una familia se encuentra en el paro y los precios de los alquileres siguen sin encontrar techo. «Las condiciones son tan exigentes que provocan situaciones dramáticas. No todo el mundo, con un sueldo que apenas supera los mil euros, puede hacer frente a un arrendamiento de 700 u 800 euros», explica el cura, para quien «las condiciones laborales y de vivienda son incompatibles». Son personas, añade, que «dan una patada a una vivienda vacía antes de que sus hijos duerman en la calle».

Vives subraya que, precisamente, el objetivo de la PAH es «defender a las familias y menores a los que los ayuntamientos no dan alternativa habitacional».

Por último, la última clase de okupas, más reciente, son aquellos que, según indica Joaquín Sánchez, «se sienten okupas» aunque no quieren serlo. «Llevan años tramitando con una empresa un alquiler social que nunca llega, viendo como la vivienda va cambiando de manos, a fondos buitre. Estos inquilinos, incluso, pagan el alquiler al número de cuenta al que solían hacerlo, pero les devuelven el dinero», manifiesta. Detrás del vacío con el que se enfrentan estas familias humildes están los fondos buitre, que lo que quieren es echarles de casa. «Pasó en La Alberca, en Archena… se genera una situación de impago que no se puede evitar para provocar el desahucio», concluye.