Ramón Fenoll es el único imputado por verter y enterrar más de mil toneladas de basura en una zona protegida, al haber retirado la Fiscalía la acusación contra otros tres
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La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado este miércoles a dos años de prisión y multa de 1.440 euros a Ramón F.P., el único imputado por el vertedero ilegal de Abanilla que ha quedado en la causa al haber retirado la Fiscalía la acusación contra otros tres.
Por su parte, la empresa que fundó con sus hermanos, Proambiente, ha sido condenada al pago de una multa de 2.190 euros y a indemnizar, con 10,6 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Murcia, y con 2,4 millones a la Generalitat Valenciana, para reparar los daños causados al medio ambiente, aunque lo cierto es que la compañía está en concurso de acreedores y, poco o nada del montante económico, se va a poder recuperar. A los denunciantes, Ecologistas en Acción, la condena, les sabe a poco, según ha explicado José Manuel Ortiz, abogado del colectivo.
El peregrinaje judicial ha durado 13 años. Desde 2010 está este asunto en los tribunales. Dice Ecologistas en Acción que, en ocasiones los procesos judiciales se encaminan de determinada forma, y más cuando hablamos de delitos ambientales, en los que no es fácil obtener un resultado positivo. Por eso y pese a ser los denunciantes, han aceptado el ofrecimiento de la Fiscalía
La empresa ya ha abonado 1´7 millones de euros a la Consejería de Medio Ambiente pagando parte del proceso de la restauración de la Sierra. Si hubieran ido a juicio, asegura Ortiz, no sabe cómo hubieran terminado. El hecho está claro y la comisión del delito también, pero había que ver los supuestos responsables y si el principal, está declarado inimputable, y no se le puede condenar, el resultado de la ecuación no parece que hubiera sido mejor, explica Ortiz
A petición de su defensa, el tribunal ha accedido a dejar en suspenso por 3 años la pena de prisión impuesta a Ramón F.P. a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno. Ese beneficio no está condicionado al pago de las indemnizaciones al estar declarado insolvente.
En el juicio por el vertedero ilegal de Abanilla, ubicado en una zona que goza de protección medioambiental y en el que, presuntamente, se vertieron de forma incontrolada más de cien mil toneladas de residuos, figuraban como acusados los hermanos Ángel F.P., Ramón F.P. y José F.P.,junto con un familiar, Ángel Javier F.P., así como la empresa fundada por los tres primeros, Proambiente, S.L.
La causa tuvo su origen en la denuncia que Ecologistas en Acción de la Región de Murcia presentó en noviembre de 2010 en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en la que alertaban de los trabajos que se realizaban en unos terrenos parte de los cuales estaban declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC).
La investigación posterior permitió descubrir los hechos que ahora serán sometidos al juicio oral y que, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito contra el medio ambiente porque los residuos fueron vertidos directamente al suelo, sin tratamiento previo alguno y sin contar con la necesaria licencia.
Según la acusación estatal, se eliminó la cubierta vegetal del suelo, en algunos casos, de forma irreversible, se extrajeron áridos en la zona LIC sin licencia alguna, se vieron afectadas flora y fauna protegidas y se superó el volumen de vertido de residuos que la empresa tenía autorizado. Y añade que por la forma en que se llevó a cabo la acumulación de residuos de todo tipo se creó el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y de emisión de gases a la atmósfera.
Advierten de que sigue existiendo riesgo
Desde Ecologistas en Acción, denunciantes de la situación del vertedero, advierten de que aunque nominalmente la restauración y sellado de los vasos de basura y lixiviados están terminados, sobre el terreno sigue existiendo riesgo de que aparezcan en la superficie los restos que no fueron extraídos y de que continúe la emisión de gases en la zona
El proyecto costó unos 3 millones de euros a la Administración Regional, para actuar sobre un suelo privado que pertenece a la empresa PROAMBIENTE y a otros propietarios y que abarca una extensión de 45 hectáreas que incluye una Zona de Especial Protección para las Aves en la Sierra de Abanilla. Rubén Vives de Ecologistas en Acción, teme que la acción de las lluvias copiosas acabe por poner al descubierto lo que hay bajo tierra