Sanción millonaria a siete empresas por verter salmuera al Mar Menor

Cabe recordar que la Comunidad inició, a regañadientes y a instancias de una sentencia del TSJ de marzo de 2022, un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, a cuyo informe técnico completo ha tenido acceso La Opinión.

Según explican en este informe, realizado a finales de 2022 por el Área de Conservación Litoral, cualquier medida de reparación del daño causado no es posible ya que los rechazos han llegado al Mar Menor y ya no hay manera de desnitrificarlos. Por ello, lo que se ha hecho es utilizar «una medida teórica de reparación», mediante el cálculo de lo que costaría la desnitrificación de las salmueras vertidas y se ha fijado este valor en 0,575 euros por metro cúbico de salmuera.

Las firmas para las que se prevén sanciones son Ciky Oro, G´s España (filial de la multinacional Gs Holding), Vanda Agropecuaria, Hormigones Mar Menor (cuyos arrendatarios son los empresarios Bernardino Vidal y Juan Pedro López) e Inagrup, junto con los empresarios agrícolas Isidro Soto y Roque Madrid.

En los expedientes se detalla que Ciky Oro, una de las empresas investigadas en el ‘caso Topillo’, puso en funcionamiento tres instalaciones ilegales de desalobración de aguas en diferentes fincas de su explotación. Se calcula que esta empresa familiar vertió entre los años 2012 y 2017 1,3 millones de metros cúbicos de salmuera con nitratos (el equivalente a 555 piscinas olímpicas), por lo que se propone una sanción de casi 800.000 euros. Para Vanda Agropecuaria se propone una multa de más de 353.000 euros por verter 615.000 metros cúbicos (con más de 3150.000 kilogramos de nitratos) a través del uso de dos desalobradoras. Por su parte, la empresa de Isidro Soto contaba con una instalación con la que rechazó más de 27.000 metros cúbicos de salmuera con más de 12.000 kilogramos de nitratos y para ella se impone una sanción de cerca de 15.500 euros. Por su parte, la firma de Roque Madrid vertió, según el informe de la Comunidad, casi 120.000 metros cúbicos y será sancionada con 68.800 euros.

En el caso de Hormigones Mar Menor, la Comunidad entiende que hizo uso de una instalación desalobradora con la que generó 32.776 metros cúbicos y algo más de 15.000 kilogramos de nitratos. Para esta empresa se ha fijado una multa de 18.846 euros.

Además, la firma Inagrup deberá afrontar una sanción de 91.655 euros por verter 160.000 metros cúbicos con 54.701 kilogramos de nitratos con su única instalación ilegal para desalinizar el agua.

La sanción más acusada será para el holding empresarial G´s España, también investigada en el ‘caso Topillo’ y que ha formado parte de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Este grupo disponía en una de sus naves de dos desalobradoras ilegales, con las que rechazó casi 2 millones de metros cúbicos, con 216.707 kilogramos de nitratos. La multa que propone la Comunidad para este grupo empresarial es de 1,1 millones de euros.

A G´s España, Ciky Oro, y Vanda Agropecuaria se le ha achacado, por la cantidad de rechazos, una infracción tipificada como ‘muy grave’. El resto de operadores, que solo representan un 5% de los nitratos aportados, solo son responsables de una infracción ‘grave’.

Impacto ‘severo’ en la laguna

En estos informes, los técnicos de la Comunidad concluyen que el volumen de rechazos de estas desalobradoras pudo constituir entre un 13 y un 29 por ciento del total de nitratos que acaban anualmente en el Mar Menor. Desde la Comunidad admiten que tal cantidad ha contribuido a que se produzca «un impacto severo sobre el Mar Menor» y a que se alcance un daño ambiental significativo calificado como ‘agudo’ en la laguna.

Todos estos vertidos, señala el informe sobre el daño medioambiental producido, llegaban a la laguna a través de diversas ramblas, de la infiltración en el terreno cuando los rechazos se acumulaban en balsas y a través del salmueroducto que desembocaba en la rambla del Albujón. En total, las desalobradoras ilegales enviaron a la laguna 4,26 millones de metros cúbicos de salmueras (equivalentes a unas 1.716 piscinas olímpicas), con más de 1.000 toneladas de nitratos en ese periodo de cinco años y medio.

A la hora de determinar el porcentaje de nitratos aportados por esas instalaciones ilegales, el informe que ha sido remitido a la Dirección General de Medio Ambiente, ha tenido en cuenta el Informe Integral del Comité de Asesoramiento Científico de 2017, en el que se constata que la cantidad anual de nitratos que podría estar entrando al Mar Menor oscilaba entre las 700 y las 1.600 toneladas, por lo que las 205 toneladas anuales que vertían las empresas sancionadas suponen ese porcentaje de entre el 13 y el 29 por ciento.

Estas propuestas de sanción de la Comunidad se han materializado después de que el TSJ ordenase en marzo de 2022 a la Comunidad iniciar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra estas siete empresas o empresarios del sector agrícola. Hasta esa sentencia, la Consejería de Medio Ambiente había defendido que no tenía competencias en esta materia.

A partir de ahora, es de prever que se les conceda audiencia a las empresas para que estas puedan apelar las diferentes propuestas de sanción.

El informe les hace responsables del declive de la nacra

A la hora de cuantificar el daño medioambiental provocado por los vertidos de las empresas que serán sancionadas, el informe elaborado por el Área de Conservación del Litoral y remitido a la Dirección General de Medio Ambiente, cita diversos trabajos del Comité de Asesoramiento Científico y del Instituto Español de Oceanografía (IEO). En virtud de estos documentos, se concluye que la entrada de nitratos afectó «a la totalidad de la laguna y en consecuencia a todos los individuos y hábitats presentes en la zona afectada».

En esa afectación se destaca la situación de la nacra, una especie en peligro de extinción, que se encuentra en un «estado ecológico deficiente, consecuencia, entre otras cuestiones, de las salmueras procedentes de la actividad agrícola», lo cual, podría suponer «la extinción de la especie dada su situación crítica actual».

De hecho, en el informe del IEO citado se asegura que con respecto a la población de nacras del Mar Menor, «en 2017 se observó un fuerte declive de la población, probablemente asociado a los efectos producidos por la crisis eutrófica que la laguna sufrió en 2016», un declive que estimó superior al 50 por ciento. En cuanto a la escala temporal del daño, el informe vuelve a citar al IEO, que en su análisis de 2020 comenta la evolución de la concentración de clorofila superficial en el Mar Menor, que en los años 80 no superaba 1 mg/m3 y a partir de 2012 se empiezan a encontrar valores máximos de 20 mg/m3, más de 100 veces por encima de los valores que se pueden considerar normales.

Esta concentración de clorofila, sostiene el informe, está «directamente relacionada con el incremento de nutrientes», por lo que el daño temporal de los nitratos «es muy dilatado en el tiempo, puesto que su persistencia en el ecosistema es elevada». En cuanto a la extensión del daño, los técnicos del Área de Conservación del Litoral, calculan que la actividad de las desalobradoras afectó a una superficie de 135 kilómetros cuadrados de la laguna.