La juez cita a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid por la marcha del 8M

Trata de determinar si se han podido cometer delitos de prevaricación por permitir la concentración

La juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la concentración del 8 de marzo lo ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio, en el marco de una investigación que trata de determinar si se cometieron delitos de prevaricación administrativa por imprudencia profesional.

En una providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, la magistrada Carmen Rodríguez Medel cita para ese mismo día como testigos al secretario general de la delegación, Fernando Talavera; al jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Todos ellos comparecerán ante la magistrada después de Franco, citado a las 09:00 horas.

Trata de esclarecer si obvió las recomendaciones sanitarias

El pasado mes de abril, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid acordó cincuscribir la investigación al delegado del Gobierno de Madrid a un presunto delito de prevaricación y retirar el delito de lesiones por imprudencia profesional después de recibir un informe forense en el que hace constar que no se ha podido acreditar una relación de causalidad entre asistir a la manifestación y contraer el coronavirus.

La magistrada acordó incoar diligencias previas para investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa para esclarecer si obvió las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que el pasado 2 de marzo emitió un informe en el que alertaba del riesgo de contagio, tal y como sostiene la denuncia interpuesta por un particular.

La investigación fue abierta el pasado 25 de marzo

La investigación fue abierta el pasado 25 de marzo a raíz de dicha denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias en esas fechas.

El juzgado explicó que solo podía incoar diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid por ser el único sobre el que tiene competencia e instó al denunciante a que, si lo estimaba, trasladase la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

Además de dicho informe forense, la jueza ordenó una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil cuando abrió la causa, con la expresa advertencia de que no son urgentes y que por tanto deberán practicarse cuando su disponibilidad lo permita.