Vox propone revisar las normas de funcionamiento de la Asamblea Regional que permitieron que diputados expulsados controlaran su grupo y el de Ciudadanos
Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera, del Grupo Vox, sin ser de Vox. / Iván J. Urquízar
Jaime Ferrán 18 MAY 2025 6:01 LA OPINIÓN
Junio de 2020. Cuando el mundo seguía en ‘shock’ por la pandemia de coronavirus y el confinamiento que vino después, el Comité de Garantías de Vox comunicaba a tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional su expulsión del partido, debido a que decidieron sin autorización de la dirección nacional despedir a trabajadores y prohibir el acceso a dirigentes nacionales a las cuentas del grupo.
Hay quien pudiera pensar que la decisión llevaría consigo la migración de estos tres diputados al Grupo Mixto, abandonando el órgano parlamentario de Vox; sin embargo, esto no sucedió así. Los grupos parlamentarios son independientes a los partidos políticos y en el reglamento de la Cámara no hay punto alguno que permita expulsar a un diputado de su grupo por una orden externa. Así, la pasada legislatura, Pascual Salvador se convirtió en el único diputado de Vox de la Asamblea, formando parte de un grupo que no controlaba y dominado por tres parlamentarios expulsados. Tardó dos años en irse él al Grupo Mixto.
El gran vodevil llegaría un año después con la moción de censura al presidente regional, Fernando López Miras, presentada por el Grupos Socialista y el Grupo de Ciudadanos (CS), pero que solo apoyaron dos de los seis diputados liberales. El resto no tardaron en ser expulsados.
De nuevo, se quedaron en minoría ante cuatro tránsfugas que pasaron a controlar el órgano reservado en un principio a los naranjas. Juan José Molina y Ana Martínez Vidal también acabaron por ser ellos quienes pidieran marcharse al Grupo Mixto.
Incorporación del voto a distancia
Vox quiere asegurar el funcionamiento de la Asamblea en circunstancias extraordinarias, por lo que instan a abordar la incorporación del voto a distancia para diputados que se encuentren en situación de incapacidad temporal o enfermedad grave debidamente acreditada. «La ausencia de esta previsión puede suponer una merma injusta en el ejercicio de los derechos políticos y representativos de los parlamentarios afectados», advierten. De hecho, la portavoz de Podemos, María Marín, se encuentra estos días de baja tras ser sometida a una cirugía y ha denunciado a la presidenta de la Cámara de «silenciarla» al no dejarla votar. Según ella, el parlamento murciano está cometiendo prevaricación.
Año 2025
Ahora, es el Grupo Parlamentario Vox, no con 4, sino con 9 escaños, quien se ha propuesto que aquello no vuelva a suceder y, por ello, va a registrar una moción en la Cámara autonómica para constituir una ponencia encargada de redactar un Proyecto de Reforma del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.
Entienden que, como norma esencial del funcionamiento parlamentario, este documento debe ser objeto de «revisión periódica» para adaptarse a los «cambios normativos, sociales y tecnológicos que afectan tanto a la actividad legislativa como al ejercicio de la representación política».
En este sentido, ven «imprescindible actualizar el reglamento a las exigencias del marco jurídico vigente, así como incorporar avances que garanticen una Asamblea más eficiente, transparente, participativa y alineada con los principios democráticos actuales».
Los de Abascal desean aprovechar para fortalecer la rendición de cuentas de los poderes públicos. «Resulta imprescindible reforzar los mecanismos de control e información disponibles para los diputados, especialmente en lo relativo al derecho de acceso a datos, informes y documentación oficial de la Administración regional y sus organismos dependientes, ya que la labor fiscalizadora de los parlamentarios no puede verse limitada por la opacidad o la demora administrativa», señalan.
No solo eso. Vox quiere agilizar los tiempos para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en 2024, que volvieron de vacaciones y no se inició el trabajo parlamentario hasta noviembre, prácticamente.
También proponen mejorar la eficiencia en la tramitación parlamentaria, revisando los procedimientos internos para «reducir burocracia y evitar duplicidades». Igualmente, consideran oportuno revisar las reglas que rigen la participación de los grupos parlamentarios, «garantizando su acceso a iniciativas, tiempos de intervención y representación en órganos parlamentarios».