El juicio del Caso Auditorio queda visto para sentencia tras celebrarse este martes la última vista oral
LA OPINIÓN
«Siempre que he tenido responsabilidades públicas, en este caso también, me he puesto dos límites: la búsqueda del interés general y el cumplimiento de la ley. Les aseguro que ha sido así». Estas fueron las declaraciones que realizó este martes por la mañana el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, al ejercer su derecho a la última palabra en la última vista oral del juicio del Caso Auditorio, en el que está acusado de prevaricación y fraude y que ha quedado visto para sentencia.
Todas las defensas solicitaron la absolución de sus patrocinados, recalcando que Sánchez no le hizo al arquitecto Lejarraga nunca ningún encargo verbal.
Añadieron que el concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras es una prueba fehaciente de ello. Además, mantuvieron que la subvención de seis millones concedida por la Consejería de Cultura se invirtió en la edificación.
Para la Defensa también fue ajustada a derecho la aprobación de un proyecto modificado, que era lo que procedía al haber aparecido circunstancias no previstas inicialmente para cambiar el sistema de cimentación debido a las condiciones del terreno, puestas de manifiesto por un estudio geotécnico, lo que encareció los trabajos.
Otra circunstancia, añadieron, fue que en un principio no se contempló la existencia de un vial que pasaba por los terrenos sobre los que se levantó el edificio y que obligó a su retranqueo, para concluir todos que no hubo perjuicio alguno para el Gobierno de Murcia, que no reclamó, ni para el Ayuntamiento, que este lunes se retiró como acusación particular al no detectar ninguna responsabilidad penal.
Para su abogado, este caso nunca debió llegar a la jurisdicción penal al considerarlo un asunto administrativo
La undécima sesión de la vista oral comenzó con la exposición del informe de la defensa del expresidente regional, que insistió en varias ocasiones en que este caso nunca debió llegar a la jurisdicción penal al considerarlo un asunto administrativo, si bien admitió que en la tramitación de todo lo relacionado con la obra pueden haberse cometido irregularidades.
El abogado defensor de Caridad García, secretaria accidental del Ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos, destacó que siempre ejerció su labor «de forma intachable», para añadir que la ley no encomienda a estos funcionarios el control de la legalidad de las actuaciones municipales.
La defensa del exalcalde recalcó que no se le hizo al arquitecto Lejarraga ningún encargo verbal
El abogado del arquitecto Lejarraga manifestó que el concurso de proyectos que le fue adjudicado se tramitó de forma transparente y sin que los miembros del jurado recibieran presiones. Lamentó que las acusaciones se hayan basado en el informe encargado por la Fiscalía al arquitecto Andrés Checa, que contiene muchos errores, crítica compartida por el defensor del último acusado, Vicente Gimeno, apoderado de la constructora. Este último dijo que el informe «es algo parecido a las cuentas del Gran Capitán» y tuvo en cuenta al valorar las obras que faltan por realizar el importe de algunas partidas que se retiraban del proyecto inicial pero no de las que se incorporaban, con lo que su cálculo de que aquellas ascenderían a 2,3 millones no resulta creíble.