El plazo de presentación de ofertas concluye el 30 de junio
CADENA SER
El Ayuntamiento de La Unión ha recibido la notificación por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la licitación del contrato para la actualización del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán por un presupuesto base de 368.948,40 euros. El plazo de presentación de ofertas concluye el 30 de junio.
La alcaldesa en funciones, Elena Lozano Bleda, ha asegurado que «éste es un paso previo imprescindible para poder seguir acometiendo la regeneración de la bahía con todas las garantías de respeto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos, ya que han sido numerosos los impedimentos respecto al proyecto de 2015, un proyecto que ha quedado obsoleto por la complejidad de los procesos en los movimientos de tierras acometidos hasta la fecha».
Lozano Bleda ha destacado que «para la actualización del proyecto se tendrán en cuenta las sugerencias aportadas por las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas en su escrito de 3 de septiembre de 2020, presentado a raíz de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la regeneración ambiental de la bahía de Portmán celebrada el 8 de julio de 2020».
Fuentes del Ministerio señalan que «con este contrato se llevarán a cabo los trabajos que permitan solventar los problemas detectados durante las obras, relacionados con la elaboración del plan de gestión de residuos a depositar en la corta minera San José, el secado del sólido procedente del dragado, el cumplimiento de las condiciones de vertido del agua extraída y el control de la turbidez generada por la remoción de los residuos depositados en la bahía».
Las obras a proyectar consisten en la recuperación y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, de acuerdo con la alternativa seleccionada de entre todas las posibles, resultantes de los estudios que abarquen tanto la fase de dragado, como el acondicionamiento del vertedero de relaves mineros, así como la totalidad de actuaciones que se deben considerar para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
Una primera fase abordará la realización de estudios iniciales para seleccionar la solución que se desarrollará al elaborar el proyecto. Se recopilará y estudiará cuanta información documental se encuentre disponible, realizando, asimismo, los estudios de campo o gabinete que sean necesarios.
Posteriormente, en una segunda fase se redactará el proyecto de construcción y el estudio de impacto ambiental, que serán sometidos a información pública, y se recabarán los informes de las administraciones que correspondan.
En caso de resultar necesario, se llevará a cabo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La última revisión del proyecto incorporará los condicionantes que se establezcan en la declaración de impacto ambiental con la que finaliza este procedimiento.
Según el Ministerio, el plazo total para el desarrollo de los trabajos será de nueve meses, a partir de la firma del contrato, prevista para final de año. No obstante, deberá tenerse en cuenta que «el contrato podrá suspenderse temporalmente para realizar consultas a administraciones públicas y entidades interesadas y, tal vez, para la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental».