La prórroga de la moratoria del Mar Menor bloquea el desarrollo urbano

El veto a la construcción paraliza varios proyectos en Cartagena y genera malestar entre los ayuntamientos ribereños, que ven cómo crece la «inseguridad» entre los promotores tras tres años de espera

LA OPINIÓN

El 27 de julio de este año estaba marcado en el calendario del Mar Menor. Ese día se pondría fin a la moratoria urbanística en torno a la laguna, un veto a la construcción que se aprobó con la ley ambiental hace tres años y que nació con fecha de caducidad. Todo estaba condicionado a la aprobación del plan de ordenación territorial de la cuenca del Mar Menor, un documento que pretende regular en los municipios ribereños las futuras edificaciones y el suelo que ocupen. El objetivo final es poner barreras a la presión urbanística en los alrededores del ecosistema.

Ese documento va con retraso en la Consejería de Fomento, que no lo tendrá terminado para este verano. Por ello, la Asamblea Regional aprobó este jueves una propuesta del PSOE que pretende modificar la Ley del Mar Menor para ampliar esa moratoria hasta que el plan de ordenación de la cuenca esté terminado. El cambio de la normativa contó con la abstención del Partido Popular, por lo que se entiende que saldrá adelante sin problemas. Los socialistas celebraban este paso para poner freno a un desarrollo urbano sin planificación.

La cara B de esta paralización urbanística en el entorno del Mar Menor la encontramos en los ayuntamientos ribereños. La Ley sólo permite la construcción de aquellos proyectos que fueron aprobados antes de la entrada en vigor del veto en 2020, es decir, cuando los promotores ya hubieran adquirido derechos de edificación sobre suelo urbano consolidado. Ante estos condicionantes, existen varios proyectos que, a ojos de consistorios como el de Cartagena, no tiene sentido que se vean frenados.

Es el caso del Plan Parcial de Los Belones-Este o la segunda fase de las obras de urbanización del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos. Ambos no pueden desarrollarse por no tener el proyecto de urbanización aprobado de forma inicial. El primer proyecto pretendía ampliar el núcleo urbano de la diputación con la construcción de 700 viviendas, pero los retrasos en los trámites y los problemas financieros derivados de la crisis económica de hace más de una década les dejó sin opciones de llegar a tiempo antes de la moratoria. En el segundo, implica la ampliación comercial de Las Dunas hacia la rotonda principal de Cabo de Palos, un terreno todavía sin asfaltar.

En la imagen que acompaña esta noticia se muestran las obras en la primera fase de Las Dunas, que pudo salvar la moratoria al tener iniciado y aprobado los trámites necesarios.

Desde la Concejalía de Urbanismo de Cartagena apuntan a que la paralización de estos dos desarrollos urbanísticos «no tiene sentido» ni «lógica» ya que son proyectos «que no generan un impacto ambiental en el Mar Menor» y suponen un beneficio para poblaciones concretas. Por otro lado, la moratoria bloquea macrourbanizaciones como Novo Carthago (un caso judicializado), El Vivero y La Loma de Mar de Cristal, este último en un estado muy incipiente.

Sin opción para los promotores

La moratoria se centra en la paralización de proyectos industriales, comerciales, hoteleros, recreativos o de restauración. Esto ha provocado «inseguridad» entre los promotores, apuntan desde el consistorio cartagenero, ya que «no se puede hacer nada» por proyectos que plantean, por ejemplo, la construcción de un parking de caravanas en Los Nietos asociado al turismo ecológico de senderismo y rutas ciclistas.

El problema para los ayuntamientos no está en la propia paralización de los desarrollos urbanísticos, ya que consideran que se debe plantear un nuevo modelo del ladrillo para atajar la degradación del Mar Menor. El inconveniente nace del retraso en la aprobación del plan de ordenación, cuya redacción fue adjudicada por Fomento en octubre de 2021, más de un año después de la publicación de la Ley del Mar Menor.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar señala que el municipio no tiene proyectos afectados por la norma. «Hay una situación general de freno al desarrollo urbanístico hasta que no se resuelva el plan de ordenación de la cuenca», señalan fuentes municipales. El Consistorio pide más «celeridad» en la elaboración de este documento ya que, reconocen, hay planes parciales aún sin desarrollar que atraen el interés de los promotores. Apuntan, además, a la necesidad de lograr una mayor «coordinación» entre las administraciones para que la ordenación territorial de los municipios ribereños se haga lo antes posible.

Avance de algunos proyectos

En Los Alcázares continúa la construcción de viviendas dentro de las urbanizaciones Torre del Rame y Nueva Ribera, dos promociones que se pusieron en marcha antes de aprobarse la Ley de la laguna. A partir de ahí, el Ayuntamiento asegura que no se han puesto en marcha otros desarrollos, y está pendiente de la instalación de un parking de caravanas que, según aseguran, no estaría afectado por la moratoria.

Este periódico trató este jueves de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de San Javier, sin éxito, para conocer en qué situación están las promociones urbanísticas en este municipio. El Consistorio remarcó hace un año que no había intereses afectados por la Ley y que los planes parciales que ya estaban aprobados han seguido su curso. El pasado año se aprobó la construcción de 400 viviendas en La Manga, en el término de San Javier, ya que se iban a ubicar sobre suelo urbano consolidado y estaban aprobadas antes de 2020, por lo que no tendrían impedimento.

El plazo de la moratoria se recortó de cinco a tres años en 2020

Antonio Ángel Clemente García, exjefe del servicio de Ordenación del Territorio de la Comunidad, se mostró crítico durante unas jornadas informativas del Consejo Económico y Social a finales del pasado año con el plazo para la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que se redujo de cinco a tres años cuando se aprobó en 2020 con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. «Es imposible cumplir la ley porque en tres años no se puede sacar a licitación un plan, redactarlo y aprobarlo», señaló el exresponsable de la Comunidad, «solo aprobar un proyecto de este tipo puede llevar hasta cuatro años». En su opinión, la ordenación del territorio en la cuenca de la laguna deberá «establecer limitaciones» para aquellos sectores «que excedan la capacidad de acogida» en la comarca. Clemente García intervino en la redacción de la Ley del Mar Menor.