Investiga la intervención de la consultora Ingeagua en el concurso que ha ganado la compañía Aqualia
LA OPINIÓN
La disputa por el polémico contrato del agua del Ayuntamiento de San Javier continúa tras la adjudicación del concurso a Aqualia. Un día después de la celebración del pleno municipal en el que se le ha asignado el contrato de 247 millones, se ha sabido que las diligencias abiertas por la Fiscalía a raíz de la denuncia del partido de San Javier Pleamar están centradas en la participación de la consultora Ingeagua en el concurso convocado para contratar el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado para los próximos 20 años. La fiscal señala que en los hechos denunciados aprecia «indicios» de un posible delito de prevaricación.
El Consistorio de San Javier ha aprobado este martes la adjudicación del contrato a la empresa Aqualia con los votos del PP, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, Pleamar y Grupo Mixto. Una vez que la compañía presente la documentación necesaria, el Gobierno municipal llevará a un pleno ordinario la concesión definitiva a la compañía a la que la mesa de contratación ha otorgado la puntuación más alta.
Pleamar, que tiene dos concejales en San Javier, quiere que se aplace la adjudicación del concurso hasta que concluyan las diligencias de la Fiscalía de Cartagena, pero el alcalde, José Miguel Luengo, asegura que no hay motivos para seguir esperando, de acuerdo con las explicaciones que ha dado la interventora municipal en el pleno extraordinario celebrado este martes.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Pleamar el pasado mes de mayo, en la que recogían informaciones publicadas en algunos medios digitales que vinculaban las adjudicaciones conseguidas por Aqualia en los concursos celebrados en distintas ciudades con la presencia de la consultora Ingeagua en los procesos de licitación que ganaba la empresa.
Según indica la fiscal responsable de la investigación en el decreto por el que inician las diligencias, esta consultora, «no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 punto de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora», precisa.
Alude también a la decisión municipal de mantener la oferta de Aqualia en la licitación, a pesar de haber presentado una propuesta «que supera en 16 millones el límite de temeridad» y que se sitúa «un 56% por encima del resto de concurrentes», y a las reclamaciones presentadas por la actual concesionaria, Hidrogea, para que se le excluya del proceso. Señala igualmente al funcionario municipal que decidió la participación de Ingeagua en la licitación y concluye que las acusaciones formuladas pueden considerarse como «indicios de un posible delito de prevaricación».
El alcalde de San Javier mantiene que la Fiscalía se ha limitado a «pedir documentación al Ayuntamiento, que está en el perfil del contratante, pero no ha paralizado el procedimiento ni ha establecido ningún tipo de medida», por lo que no ve motivos para dejarlo en suspenso. Luengo sostiene que el procedimiento «ha sido transparente» y apunta que, si se le pusiera algún reparo, «se paralizaría»