Investigan a un agricultor en San Javier por extracción de aguas subterráneas y vertido de residuos

Operación contra los vertidos en el Campo de Cartagena / Guardia Civil

Vertía salmuera directamente al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, según fuentes de la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el marco de los servicios de vigilancia y control para prevenir y perseguir la extracción de aguas subterráneas y el vertido de residuos, han desarrollado en San Javier la operación ‘Copito’, en la que ha resultado investigado el propietario de una explotación agrícola, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La operación, que aún continúa abierta, se encuentra enmarcada en los planes operativos ‘Mizu II’ y ’30 Días en el Mar’, ambos desarrollados por la Benemérita para luchar tanto contra la extracción ilícita de agua como contra los vertidos contaminantes.

Las actuaciones se iniciaron el pasado año, cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hallaron una desalobradora con un depósito subterráneo en el interior de una nave de una explotación agrícola de San Cayetano, término municipal de San Javier.

Los agentes realizaron un muestreo del contenido del depósito subterráneo y, fruto de su análisis, «se constató que era altamente contaminante». Además, «el depósito estaba sin impermeabilizar, por lo que el contenido del depósito se vertía directamente al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena».

También se detectó un sondeó clandestino, que alimentaba a una de las desalobradoras.

Durante las inspecciones, lo que más ha llamado la atención a la Guardia Civil ha sido un zulo, tipo búnker, de unos seis metros de longitud, con una altura de unos dos metros y medio, así como dos metros de ancho, que albergaba en su interior una desalobradora.

Finalmente los agentes han precintado e inutilizado el sondeo y las dos desalobradoras clandestinas hallados, evitando con ello los sondeos ilegales y que se produzcan más vertidos al Mar Menor.

«Este delito, tipificado en el vigente Código Penal, es castigado con penas de prisión de seis meses a cinco años, multa de diez a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años».

El investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de San Javier.