CARTAGENA/ El plan para dragar el canal de Marchamalo abre otro frente en la gestión del Mar Menor

La Consejería exige asegurar la navegación y el intercambio de agua y Costas teme un impacto negativo sobre la laguna

La gestión de las aguas en la gola de Marchamalo ha causado un nuevo choque entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central, en medio de las discrepancias sobre la gestión del Mar Menor. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha exigido a la Demarcación de Costas del Estado el dragado urgente del canal que comunica el Mar Mediterráneo y el Mar Menor hacia el kilómetro 2 de La Manga (en el municipio de Cartagena), para garantizar la seguridad de la navegación y el intercambio de agua. Costas responde que las competencias son autonómicas y, aunque muestra disposición a asumir las obras, teme que no haya una mejora sino un nuevo empeoramiento del ecosistema en el mar interior.

En la Consejería que dirige Antonio Luengo sostienen que una de las medidas prioritarias para lograr la sostenibilidad del Mar Menor es reducir el actual nivel de sedimentos de Marchamalo. Por eso, en la reunión con la ministra de Transición Ecológica en funciones Teresa Ribera, prevista para el 5 de septiembre en Madrid, expondrá la necesidad de solucionar este polémico asunto.

El departamento de Luengo no ahorra críticas y, a preguntas de ‘La Verdad’, aseguró ayer que, «ante la inacción del Estado, el Gobierno regional tomó la iniciativa de tramitar el expediente de impacto ambiental» del proyecto de dragado. Añadieron que, «una vez concluya el trámite, será el Estado, que es la administración competente, el encargado de realizar el dragado», y afirmaron que el Ejecutivo regional, formado por PP y Cs, actúa «siguiendo las recomendaciones del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor».

El Ejecutivo regional dice que los científicos piden sacar fangos y el estatal, que cuestionan esa obra

El objetivo, explicaron en la Consejería, es «recuperar el calado mínimo y garantizar la estabilidad del ecosistema». Y todo ello se plantea, sobre la base de un estudio detallado de la zona, que ha incluido el uso de «programas de evaluación de la succión de fangos necesaria para garantizar el intercambio de agua» y, con ello, «la estabilidad del sistema».

Como adelantó este diario hace dos semanas, Capitanía Marítima de Cartagena advirtió ya en 2018 en un informe sobre el estado del canal. Este organismo, del Ministerio de Fomento, mostró su preocupación por el riesgo de que alguna embarcación encalle y haya daños personales y un vertido de hidrocarburos en este entorno protegido.

Capitanía instó a la Comunidad y a Costas a actuar a la «recuperación de la sonda carta», porque apenas hay una distancia de entre 0,20 y 0,30 metros entre la lámina de agua y el fondo marino, cuando la guía de navegación establece que hay un metro. Aunque el estudio recoge también la conveniencia de revisar el canal del Estacio, situado al norte de La Manga, la mayor preocupación es el de Marchamalo, un canal navegable cuyas medidas es «imprescindible» mantener. Según Capitanía, hay que «establecer un sistema eficaz de medición de flujos de intercambio de agua», para «garantizar el intercambio con el medio marino y la idoneidad de las condiciones fisicoquímicas del agua del Mar Menor» y para aliviar el proceso de eutrofización que sufre este por los vertidos de nitratos y fosfatos de la agricultura y el aporte de aguas urbanas».

A la espera del Comité

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región, que dirige Francisco Jiménez, indicaron que, al contrario de lo que señala la Consejería, «ha sido el Estado el que ha requerido a la Comunidad Autónoma, porque es competencia suya, una intervención en la gola de Marchamalo, con el objetivo fundamental de que los barcos no encallen».

«Que la transferencia de agua desde el Mediterráneo favorezca al Mar Menor es algo cuestionado por el Comité Científico», añadieron en todo caso desde la Delegación. Y apuntaron que este órgano consultivo se reunirá en los próximos días para establecer una conclusión respecto a este delicado tema. En efecto, los planes de dragado de canales y puertos han generado, en los últimos años, el rechazo de grupos ecologistas y de varios expertos, que abandonaron el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor en protesta por la gestión política.

Ayer, Ecologistas en Acción denunció nuevos vertidos al Mar Menor con motivo de las lluvias torrenciales de esta semana y reclamó «actuaciones conjuntas y coordinadas de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Ministerio para la Transición Ecológica (CHS) y ayuntamientos ribereños, para establecer medidas concretas de vertido cero».

Ecologistas: más vertidos

«No bastaba solo con el aumento de la turbidez en los últimos días. Las intensas lluvias han vuelto a arrastrar a través de las ramblas, entre ellas la del Albujón, fangos contaminados con nitratos de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena y metales pesados de la Sierra Minera», lamentó el portavoz de Ecologistas, Pedro Belmonte. Se refirió, con esto último, a las escorrentías de las ramblas de Ponce y del Beal, que pasan junto al pueblo del Llano, y añadió que «para postre», el mar recibió «la contaminación por aguas fecales de la depuradora de Torre Pacheco».

La entidad de naturalistas exigió que las instituciones «no permanezcan impasibles y silenciosas ante estos nuevos episodios de contaminación del Mar Menor, patrimonio de toda la ciudadanía, y que actúen de una manera decidida y urgente». El daño que causan los nitratos y los fertilizantes usados en la agricultura intensiva, así como los aportes de plomo y zinc de las antiguas minas, concluyó Belmonte es ya «severo» y no caben más retrasos.

Entre otros datos, recordó que, como desveló este periódico, un reciente informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) calculó que solo trece desalobradoras vertieron a la laguna 3,8 millones de metros cúbicos de salmuera, el equivalente a 1.900 piscinas olímpicas.