Tras siete años, el juzgado de lo Contencioso Administrativo da carpetazo al asunto
LA OPINIÓN
Tras siete años de pasar por diferentes juzgados, el Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia ha archivado el caso de ‘los sueldos’. La legislatura comenzó movida judicialmente hablando y los primeros envites en el juzgado no tardaron en llegar, apenas unas semanas después de la composición de los Ayuntamientos, llegaba el momento de la sesión plenaria donde se estipularían los sueldos de los concejales de la corporación. Un pleno que fue llevado a los tribunales, tras entender, desde la oposición, que no fue convocado en tiempo y forma. En aquella ocasión el Contencioso-Administrativo les daba la razón, por lo que el equipo de Gobierno, convocó en 2016 un nuevo pleno, donde se aprobaban las remuneraciones con carácter retroactivo. Una cuestión que tampoco convenció a la oposición que lo llevó a los tribunales, comenzando así este periplo de siete años.
La causa ha pasado por la vía civil hasta el Tribunal Supremo, por la vía penal fue rechazada por la fiscalía y ahora el contencioso pone fin a la disputa política
En dicha denuncian pedían que el alcalde José Vélez, los ediles socialistas Jordi Arce y Antonio José Moreno, y el concejal de IU-Verdes, Ricardo García, que por aquel entonces gobernaba en colación con el PSOE, debían devolver sus sueldos. Una cantidad que ascendía a cerca de 125.000 euros. La causa ha pasado por la vía civil hasta el Tribunal Supremo, por la vía penal fue rechazada por la fiscalía y ahora el contencioso pone fin a la disputa política.
Jordi Arce ha explicado que la oposición en bloque ha trasladado la política a los tribunales. «son muchos años los que hemos tenido que aguantar esta situación, porque hemos ido concatenando denuncias, una detrás de otra, y todas han ido al mismo sitio, al archivo o la desestimación», incidió Arce que hasta hace unos meses era edil en el consistorio calasparreño y ahora ha pasado a englobar las listas a la Asamblea Regional por el PSOE.
Durante la comparecencia, Arce explicó que el PSOE no ha denunciado en ningún momento a los miembros de la oposición que se han visto envueltos en procesos judiciales, recordando que en el caso del portavoz de Ciudadanos, Carlos Alajarín (ya archivado), «la Guardia Civil entró en su casa por una investigación judicial, siendo Delegado del Gobierno Francisco Bernabé, su nuevo compañero de partido, ya que se ha conocido que estará en las filas del PP en las próximas elecciones», también explicó sobre la presidenta del PP, María Marín que «el juicio que aún tiene pendiente fue por una denuncia del excalcalde del PP en Caravaca, Domingo Aranda».
Sobre el largo proceso judicial puso de manifiesto que «en una cuestión que no tenía ningún tipo de recorrido».
Por su parte, el secretario general de los socialistas calasparreños, Antonio José Merino, explicaba que la justicia al final ha puesto a cada uno en su lugar. También explicó que «desde la oposición solo se han dedicado a judicializar la vida política, ninguna sola propuesta de trabajo, ninguna sola alternativa para mejorar el pueblo de Calasparra, solamente le ha importado judicializar la vida política de Calasparra», incidiendo en que «lo que no han conseguido ganar en las urnas, lo han querido ganar en los juzgados». Apuntillando que «la oposición única ha fracasado una vez más en los juzgados y el equipo de gobierno demuestra una vez más su honradez, su trabajo y su solidez en la gestión del consistorio de Calasparra».
Los denunciantes tendrán que asumir las costas que superan los 7.000 euros.