Fuente: La Verdad
El fiscal, que impulsa la querella, aprecia delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad, entre otros
taron una subvención de 192.000 euros para levantar lo que se denominó ‘Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años) para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar’; de otro, la Dirección General de Familia aprobó una cuantía de 473.000 euros para otro proyecto diferente, llamado -curiosamente, de forma muy similar al primero- ‘Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años)’.
El Consistorio habría recibido subvenciones para construir un centro de conciliación y un centro de la infancia y solo habría levantado uno, camuflando el otro dentro del primero; las ayudas concedidas a uno de los proyectos tuvieron un destino «desconocido»
Las obras de ambas dependencias, situadas en el mismo solar, se iniciaron formalmente el mismo día, el 17 de abril de 2007, aunque la Fiscalía sostiene que en realidad lo que «trataba de ocultarse» es que se trataba «de la misma obra». Y todo ello porque, supuestamente, el dinero de las subvenciones aportadas para el primero de los inmuebles se habría destinado a fines diferentes y desconocidos.
«Los responsables del Ayuntamiento, a fin de ocultar que el importe de la subvención recibida para la construcción y equipamiento del Centro de Conciliación -el impulsado desde Trabajo- se había dedicado a otros fines distintos, se inventaron certificaciones que no se correspondían con la realización de obra alguna», se señala textualmente en la denuncia que ahora investiga un juzgado de Lorca. De esta forma, cuando el 27 de junio de 2007 se recepcionó la obra terminada del mencionado Centro de Conciliación, «resulta evidente que ese acta no se correspondía con la realidad, pues el Centro de Conciliación, como edificio independiente, nunca existió y se desconoce el destino de las subvenciones».
Hicieron un ‘uno por dos’
Como prueba de que se utilizaron las obras de un inmueble para camuflar el otro proyecto, el Ministerio Público relata que según las certificaciones de obra este segundo edificio «carece de cimientos, estructura y cubierta». Lo cual resultaría imposible y, en realidad, solo demostraría que se estaba utilizando la inversión en un proyecto para ocultar la presunta desaparición de los fondos destinados al otro.
Para conseguir ocultar esta anómala situación y eludir los controles de las administraciones central y regional, el Consistorio habría contado con la supuesta implicación de la arquitecta municipal, Caridad García, y de la interventora, Inmaculada García -también denunciadas- y de los responsables de la firma adjudicataria de las obras, Construcciones Urdecón, cuyo representante legal, Venancio A. Galán, está igualmente en el pleno centro de la investigación.
«Al haber desaparecido el dinero de las subvenciones para el Centro de Conciliación, esto es, 192.670 euros, se ‘construyó’ con el dinero de las subvenciones del Centro de Atención a la Infancia», resume el fiscal. «Siempre fueron el mismo edificio, que es lo que los responsables del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras han tratado de ocultar».
Otra circunstancia aparentemente irregular que se produjo en este proceso consistió en la aprobación de un proyecto modificado, en septiembre de 2008, por el cual el presupuesto para el Centro de Atención a la Infancia vino a duplicarse, pasando de los 473.000 euros inicialmente previstos a los 925.000. El aumento de las partidas resultaba injustificable, a juicio del fiscal, toda vez que sin aumentar la superficie construida se incrementaban hasta un 100% los costes de los revestimientos, en 57.000 euros la carpintería -«¿acaso en el proyecto original no había puertas ni ventanas?», ironiza el denunciante- y en 62.000 euros los cerramientos y tabiquería.
Con ello, en apariencia, se quería ocultar que el proyecto se había quedado sin fondos, por razones una vez más desconocidas, a pesar de que en ese momento debían quedar todavía más de 223.000 por invertir. Las advertencias que se hicieron desde el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Comunidad Autónoma, en el sentido de que la modificación representaba un aumento del 95,5% y que ello suponía una «alteración sustancial» del contrato y era motivo de resolución del mismo, no fueron atendidas.
Luego, un Centro de la Mujer
No se quedaron ahí las supuestas irregularidades, que también se habrían extendido a la construcción de un Centro de la Mujer en la misma zona, esta vez con una subvención de 155.000 euros concedida por el Instituto de la Mujer en diciembre de 2006. Pues bien, en junio de 2008, cuando solo se habían gastado 15.444 euros en la obra, ya se encargó la redacción de un proyecto modificado «que suponía duplicar el precio -en realidad, aumentaba un 123%- de forma injustificada», hasta aprobarse un sobreprecio de 237.000 euros. Y es que, una vez más, según la Fiscalía, el dinero de la subvención «se había destinado a otros fines», también desconocidos.
Por si todo ello no era suficiente, en diciembre de 2008 se volvió a reclamar otra subvención, esta vez de 38.824 euros, para ‘Remodelación y acondicionamiento del Centro de la Mujer’. Y en junio de 2009 volvió el Instituto de la Mujer a librar una nueva subvención, esta vez por 400.000 euros, para la ‘Construcción y Equipamiento del Centro de la Mujer’.
Se da la circunstancia de que todas las obras se adjudicaron sucesivamente a la firma Urdecón, en procesos presuntamente preñados de irregularidades.
Un informe pericial, realizado por un especialista del Colegio de Arquitectos, pone de relieve que el Centro de Atención a la Infancia y el Centro de la Mujer costó a los ciudadanos murcianos 1.924.290 euros, cuando el coste real no debía de haber superado los 1.425.180 euros. «Ello supone que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras habría pagado indebidamente o destinado a otros usos un total de 499.110 euros; esto es, un 25,93% del coste total de las obras».
Estos hechos relatados en la denuncia serían constitutivos, a juicio del Ministerio Público, de delitos continuados de prevaricación -tanto en la adjudicación de obras como en los proyectos modificados-, malversación continuada de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental continuada.