Cae en Alicante una banda que se ‘pegaba’ a los clientes mientras hacían la compra, miraban el número secreto en la caja y les robaban en el parking
Hay cerca de un centenar de afectados en todo el país
El botín de la banda asciende a 32.000 euros en cuatro meses
Ir al supermercado y no ser cautelosos a la hora de pasar la tarjeta de crédito en los datáfonos de las líneas de caja ha salido muy caro a cerca de un centenar de personas en toda España. La vulnerabilidad de los aparatos -muchos de ellos no disponen de pestaña de protección que impide ver el número secreto que teclea el cliente-, la despreocupación de las víctimas y la organización de los delincuentes han sido durante cuatro meses la gallina de los huevos de oro para una red que actuaba en toda España y que la Guardia Civil de Sant Joan acaba de desmantelar en Alicante.
El ‘modus operandi’ era sencillo: los ladrones aguardaban en el aparcamiento del supermercado a la víctima perfecta -mujeres solas o ancianos-, después se pegaban a ella mientras hacía la compra y ya en la caja, se aprendían el código pin que tecleaba tras pasar la tarjeta. Una vez en el aparcamiento, le robaban el bolso. Si se daban cuenta y querían reaccionar, les sacaban una navaja.
Los agentes han detenido a dos personas, de nacionalidad rumana, y están a la espera de localizar a las otras seis, que han huido del país. Les atribuyen un delito de falsificación de documentos, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de robo con intimidación, nueve delitos de hurto, y 59 delitos de estafa.
Los delincuentes aprovechan «cualquier debilidad del sistema para cometer delitos», y en este caso además de la vulnerabilidad de los afectados también se han beneficiado de un fallo de seguridad en algunos datáfonos TPV (dispositivos para el pago con tarjeta de crédito), del que la Guardia Civil viene alertando desde hace tiempo.
La organización, que dirigían dos de los investigados, contaba con otras seis personas que tenían sus funciones «bien delimitadas».
Uno o dos de ellos se situaban en el parking del establecimiento, a la espera de localizar la víctima ideal. Ya elegida, entraban con ella y no la perdían de vista mientras hacía sus compras, y estudiaban sus detalles desde la distancia. Cuando finalmente se dirigía a la línea de cajas, se situaban más cerca, para ver como introducía el número pin de la tarjeta de crédito en el terminal TPV.
Mientras, estaban conectados vía teléfono móvil, a través de un manos libres bluetooth ajustado en el oído, con sus compinches que estaban en el exterior, a los que les facilitaba el código secreto, o simplemente les llamaban por teléfono, como si hubieran quedado con alguien, y les alertaban de la inminente salida de la víctima, del establecimiento. Al instante, se encontraban ya situados cerca del vehículo de la que iba a ser su víctima.
Al verla aparecer, uno o dos la distraían con alguna pregunta mientras estaba metiendo la compra en el vehículo, y otro le sustraía el bolso, la cartera o la tarjeta de crédito. Si alguna de las víctimas se daba cuenta de lo que estaba pasando, «no dudaban» en hacer uso de la violencia para conseguir el botín. De hecho, la investigación se inició tras uno de estos robos, en el que el afectado al percatarse que le estaban sustrayendo, fue amenazado con una navaja, le intimidaron y le robaron la cartera.
Una vez con el medio de pago en sus manos, y conociendo el número secreto, se dirigían rápidamente a un cajero o incluso a otros comercios, para hacer todas las compras y reintegros de dinero que la tarjeta permitiera, antes de ser bloqueada o de alcanzar el límite de compra. Dar con los sospechosos no ha sido «tarea fácil» ya que sus movimientos entre la población no despertaban sospechas, y apenas había testigos de sus acciones. Los agentes de la Guardia Civil de Sant Joan han tenido que rastrear «numerosos registros de movimientos bancarios y cientos de horas de cámaras de seguridad, para lograr trazar los movimientos, y finalmente localizarlos, aunque algunos de ellos ya habían huido».
La investigación ha podido esclarecer cerca de un centenar de delitos cometidos desde noviembre del pasado año, en provincias de Zaragoza, Tarragona, Castellón, Murcia y Almería, además de Alicante, y cuya suma total asciende a más de 32.000 euros, entre dinero en efectivo y compras en establecimientos, aunque se prevé que pueda ser mucho más.