Correos electrónicos revelan que Valcárcel recibía informes sobre el estado del proyecto, que ha costado 600 millones de las arcas públicas.
LA VERDAD
La afirmación de que altos responsables de la Comunidad Autónoma habrían estado en connivencia con representantes de las empresas impulsoras de la desaladora de Escombreras, hasta el punto de adoptar decisiones que parecen carentes de toda lógica, que han tenido un coste de 600 millones de euros para las arcas públicas y que solo habrían favorecido a la parte privada del proyecto, es algo que empieza a ir más allá de un mera sospecha de la Fiscalía Superior de la Región. Numerosos documentos intervenidos por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ofrecen pruebas de que los empresarios habrían jugado en todo momento con ‘cartas marcadas’, toda vez que serían conscientes de que la Administración regional, y más concretamente la Consejería de Agricultura y Agua que lideraba Antonio Cerdá, estaba permanentemente ‘al quite’, no solo liberándoles de cualquier riesgo que pudieran asumir en esa operación, sino incluso asumiendo íntegramente unos compromisos de pago absolutamente «abusivos» que ellos mismos habían suscrito entre sí.
Los especialistas de la Policía, con base en Madrid, intervinieron casi 1,7 millones de documentos durante los registros que, a la largo de 2016, efectuaron en las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, en las oficinas de la firma Hidromanagement y en el despacho del abogado Andrés Arnaldos. En este ingente volumen de material documental, los funcionarios han hallado pruebas que vendrían a apuntalar la supuesta existencia de un concierto de voluntades entre promotores privados de la desaladora y representantes públicos, que se acabó traduciendo en un gravosísimo compromiso para las arcas públicas: 600 millones de euros a satisfacer en 25 años por la explotación de la desalobradora.
La magnitud de la cifra resulta todavía más descomunal si se tiene en cuenta que la planta fue presupuestada en su origen en 24,6 millones, aunque finalmente las empresas del Grupo ACS que la construyeron manejaron la cifra de 111 millones.
Los agentes de la UDEF consideran que los promotores de la planta jugaron siempre con las ‘cartas marcadas’, sabiendo que la Consejería iba a acabar asumiendo todo el coste y todos los riesgos de la operación
«Vestigios» encontrados
En un informe remitido por la UDEF a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, la Policía refiere los «vestigios» hallados que «pondrían de manifiesto que los actos que culminaron en el proyecto de construcción de la desaladora de Escombreras habrían contado con la intervención, o al menos el conocimiento, de la ‘parte pública’ desde una fase anterior a la que formalmente supuso su entrada en el proyecto».
Una de esas «evidencias» es un documento redactado el 9 de febrero de 2006, en el que los socios de la desaladora ya hablan de la entrada en el proyecto de la empresa pública Hidronostrum, a pesar de que esta sociedad no se crearía hasta ocho días después.
Igualmente, la UDEF intervino un índice, con fecha de 15 de febrero de 2006, en el que se enumeraban todos los contratos que habrían de firmarse en un futuro próximo, con indicación de fecha de firma, responsables de cada contrato, escrituras de compraventa de acciones…, cuyo único objeto sería lograr «que todos los contratos cuadren en el tiempo». Algo que resultaba de suma importancia, ya que «los contratos más gravosos para la administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas».
Especialmente relevante es un documento hallado en la sede de la firma privada Hidronostrum, que indica que en diciembre de 2005 ya se preparaban para la constitución, tres meses después, de la empresa pública Hidronostrum y se apuntaba a que iba a adquirir el 51% de la firma, así como que los contratos de adquisición del agua se iban a suscribir bajo la fórmula del ‘take or pay’, que obligaba a la Administración regional a pagar por el servicio incluso en el caso de que no se produjera caudal alguno.
Reacciones políticas
- Francisco Lucas. Portavoz del PSRM-PSOE: «Corrupción tras el agua»
- El portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, indicó que la denuncia de la Fiscalía «confirman que detrás del ‘Agua para todos’ se escondía otro caso de corrupción. Esto demuestra que el PP ha hecho negocio con el agua, que no le importan las necesidades hídricas de la Región y que su única intención es beneficiarse económicamente de este bien escaso, y lo que es más grave, a costa del bolsillo de todos».
- Miguel Sánchez. Portavoz del Ciudadanos: «Nos preocupa De la Cierva»
- Ciudadanos advirtió ayer al presidente López Miras de que el caso de la desaladora «puede acabar con un nuevo imputado en el Consejo de Gobierno. Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno en el momento en el que tuvieron lugar dichas maniobras», señaló el portavoz regional de Cs, Miguel Sánchez.
- Óscar Urralburu. Secretario G. de Podemos: «Un regalo de Valcárcel»
- El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, afirmó que la desalinizadora fue «un regalo de 600 millones de dinero público del expresidente Ramón Luis Valcárcel a una constructora amiga». Y añadió que el PP hizo «lo que mejor se le da: regalar dinero de todos a sus amiguetes», pero «con el añadido de que engañaron a toda la Región y a los agricultores en particular, al decir que era para solucionar los problemas del campo».
- Nuria Fuentes. Portavoz del PP regional: «El PP de Miras es ejemplar»
- «El PP de López Miras es ejemplar», afirmó ayer la portavoz del PP, Nuria Fuentes, quien exigió a Cs «la misma ejemplaridad y que se posicione ante la trama socialista de la desaladora de Águilas». Añadió que «el presidente jamás tendrá en su ejecutivo un consejero imputado por la desaladora de Escombreras. Tomaremos las decisiones que correspondan en cada momento, según el código ético aprobado recientemente».
Así se entendería que dos empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial ACS, Hidromanagement y Desaladora de Escombreras, firmaran entre sí unas cláusulas «leoninas y abusivas» por el alquiler de la planta, ya que habrían sido conscientes desde tiempo antes de que por detrás iba a llegar la Comunidad Autónoma a asumir íntegramente tales compromisos.
Esta supuesta maniobra ilícita y gravemente perjudicial para las arcas públicas, pues supuso asumir el abono de 600 millones en 25 años, habría estado diseñada desde meses antes. Algo que permitió que la parte privada se pudiera dedicar a recoger todos los beneficios, mientras la parte pública asumía todos los costes y riesgos del proyecto.
Según señalaron los agentes de la UDEF en su informe, «los documentos analizados ponen de manifiesto que en lugar de una cadena de acontecimientos mercantiles, donde las empresas privadas hubieran suscrito contratos para ir perfilando una operativa de construcción de una planta desaladora con la posterior intervención circunstancial de la ‘parte pública’, se puede inferir de manera plausible que desde una fase inicial del proyecto, tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iban a ser asumidos por la ‘parte pública’, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido».
Los especialistas de la UDEF también dejan constancia de que se han hallado documentos -principalmente, correos electrónicos- que indican que quien era presidente de la Comunidad en aquellas fechas, Ramón Luis Valcárcel, recibía informes sobre el devenir del proyecto por parte de algunos de los presuntos implicados en la trama.
En estas diligencias, bautizadas como ‘caso La Sal’, la magistrada Azuar ya ha imputado a una veintena de empresarios, asesores legales y ex altos cargos de la Administración regional, entre ellos a quien fue consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.