LA VIGENTE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA YA FUE DESMONTADA POR EL GOBIERNO SOCIALISTA.

Juan Alcaraz Díaz  (ASUNTOS POLICIALES)

En el mes de octubre del pasado año, el Gobierno de la Nación a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, incardinada en el Ministerio de Interior, difundió una Instrucción para los Cuerpos de Seguridad  ( Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales ) en  la que modificaba y dejaba sin efecto algunos de los artículos más restrictivos de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno del Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que toda la izquierda nacional bautizó como la Ley Mordaza, calificativo con éxito que aún perdura.

De este modo, quedaba despojada de muchas de las disposiciones más significativas, coincidiendo además, con el inicio de la Ponencia en  el Congreso de los Diputados, que conduciría -previsiblemente- a su reforma.

Esta Instrucción, en contra de lo establecido en la Ley,  ( artículo 36, apartado 23 ) establecía que a partir de entonces, la toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes, no constituye infracción porque para ello será necesario que el uso de ese material ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias. Es decir, que hay que esperar a que las personas que han tomado esas imágenes hagan un ulterior uso irregular del mismo.

Las directrices subrayaban que, el riesgo o peligro para los agentes debía de reflejarse en la denuncia y, en su caso, en los informes anexos oportunos, donde se pormenorizaría con el mayor detalle posible, el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado. En todo caso, los Policías podrán identificar a la persona que haya grabado las imágenes, para salvaguardar sus derechos, si las utiliza para ponerlos en peligro.

Íntimamente ligado con este apartado de la toma de imágenes, cabe destacar un párrafo, en el que el texto dice : conviene incidir en que además de los documentos formalizados por los agentes,( actas, denuncias o atestados ), que gozan de la presunción de veracidad con determinadas condiciones, los hechos de los que podría derivarse responsabilidad administrativa pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Lo que significaba que, las grabaciones callejeras a los agentes, una vez permitidas, se podrían utilizar como prueba contra ellos. Además se citaban las declaraciones testificales.

El documento abordaba también la regulación de los cacheos corporales externos, ( artículo 20 de la Ley ), muy criticados por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos, para obligar a dejar en todo caso, constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que adoptó la decisión y de las incidencias acaecidas. Todo ello, a fin de permitir un control posterior de las causas y el modo en  el que se ha practicado. 

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La Instrucción iba más allá y en el marco del artículo 36.6 de la Ley, que considera una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, suaviza la exigencia hasta el punto de determinar que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes, no puede constituir una infracción si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por el agente.

Se procedía a algo similar con respecto del artículo 37.4 de la Ley, que tipifica como infracciones leves, las faltas de respeto y consideración a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en tanto que el documento indicaba que para que una expresión sea considerada así, debe no solo atentar contra el derecho a un trato digno que tienen todas las personas sino constituir un acto humillante, despectivo o degradante, para ellos y también para la Institución que representan.

En las líneas finales del texto que se comenta, se incluía una salvaguarda importante según la que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo o culpa, lo que descarta las actuaciones negligentes.

Por último, la Instrucción nada decía de una de las regulaciones más perseguidas por el PSOE y Podemos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana como son : las devoluciones en caliente de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al parecer, el Ministerio de Interior ha dejado pendiente su posible modificación hasta conocer el pronunciamiento al respecto de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, solicitado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Y en su caso, la reforma se practicaría en el marco de la vigente Ley de Extranjería, que es donde le corresponde estar.

Así de esta manera, el actual Gobierno socialista comenzó a desmontar la parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que más protegía a los Policías, cediendo a las pretensiones de su socio parlamentario, el grupo Unidos-Podemos. Aunque la Ponencia en el Congreso de los Diputados había comenzado sus deliberaciones para su reforma, el Gobierno no quiso esperar a su tramitación final y prefirió adelantarse para agilizar el proceso.

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A juicio de los sindicatos policiales, estas modificaciones a la Ley, iban a perjudicar gravemente la seguridad pública y a generar problemas en este campo, como así ha sido. Y afirmaban que se trataba de una medida populista que lo que buscaba en realidad era recabar votos aunque perjudicara la labor policial.

Una semana después de emitir esta Instrucción y ante el profundo malestar expresado tanto por los propios Policías -que eran los encargados de la aplicación de estas modificaciones- como de los Sindicatos que los representan, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, expresó públicamente, que : si los mandos y sindicatos policiales, por beneficiar a los ciudadanos sienten que los Cuerpos de Seguridad se encuentran desprotegidos, no lo vamos a permitir. Si hay que rebobinar y hacer algunas correcciones, las haremos.

En una nota de prensa conjunta, los principales sindicatos policiales habían asegurado que la nueva Instrucción, sometía el trabajo de todos los Cuerpos Policiales españoles – Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales-  a un entorno de mayor riesgo en situaciones de intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución, por el ejercicio de sus funciones.

Después del lío y desencanto formado, la Secretaria de Estado, mostró su disposición al diálogo con los colectivos policiales, a los que había ignorado, para mejorar lo que se pudiera. Pero -hasta ahora-no ha corregido en nada la Instrucción difundida.

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En su comparecencia el 7 de noviembre de 2.018, del portavoz unificado de los sindicatos policiales mayoritarios -SUP, CEP, UFP y SPP-  ante la Comisión Parlamentaria de Interior, constituida para modificar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, manifestó el rechazo absoluto a esta Instrucción para rebajar el grado de protección de los Policías, contra la resistencia, la desobediencia o la toma de imágenes en acto de servicio; calificándola de surrealista y de ser un atajo para abolir la Ley por la vía de los hechos. 

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se quedó en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara ; debido a la decisión de adelantar las Elecciones Generales el pasado 28 de abril y cuyo resultado no ha permitido ningún avance de la situación anterior.

El Gobierno que se forme con  arreglo a los resultados de las próximas Elecciones Generales del 10 de noviembre, tendrá que enfrentarse con la decisión de mantener o cesar esta Instrucción que no ha hecho nada más que complicar y dificultar el trabajo policial, como se acaba de ver en los recientes disturbios ocurridos en Cataluña. Y si va a modificar la Ley que la sustenta, que tanto rechazo produce en la izquierda desde su promulgación.