La policía lleva a cabo 23 registros en sedes de iDental para cubrir las posibles indemnizaciones

Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional registran 23 clínicas de iDental -cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana- en 21 provincias para incautarse de equipos informáticos, recopilar pruebas para devolvérselas a los pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.

Fuentes policiales han informado deque la operación Apolonia, puesta en marcha por orden del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, afecta a 23 clínicas: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, València, Albacete, Alicante, Elche (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.

En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.

Además, los registros permitirán hacer un inventario para que la ORGA (Oficina de recuperación y Gestión de Activos) proceda a la venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados.

Los registros que se practicarán durante la jornada son continuación que los efectuados el 3 de agosto, cuando fueron inspecciones a 19 clínicas. El cierre de todas las sedes de iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Según las pesquisas policiales, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones.

Créditos al consumo

El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.

El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito actuando iDental como intermediario y siendo beneficiario directo de los fondos, quedando el cliente como deudor de la entidad financiera, mientras que IDental quedaba libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento.

Para captar clientes, la sociedad usaba técnicas muy agresivas de marketingbajando drásticamente los precios iniciales.

Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado, y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que, o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se iniciaban los mismos siguiendo múltiples denuncias de mala praxis.

El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación y cuando éste pide la anulación de la financiación y el reintegro del dinero, los responsables evitan acudir a las citas.

Otros clientes sufrieron lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos y también se ha denunciado que el personal era no cualificado y sin experiencia, y se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de Idental.

El modelo de negocio habría colapsado en octubre de 2017 por la deudas contraídas con los proveedores ocasionando que los empleados no cobraran su nómina y los pacientes no recibieran su tratamiento.

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