La morosidad afecta a dos de cada tres comunidades de propietarios en la Región

El volumen total de la deuda bajó el año pasado hasta los 66,22 millones de euros, según el último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

LA VERDAD

Es un problema que compromete en muchos casos el mantenimiento de los edificios, y que se multiplica en inmuebles antiguos y con pocos vecinos a la hora de acometer obras necesarias en el bloque. Sin embargo, la morosidad en las comunidades de propietarios en la Región de Murcia volvió a bajar el año pasado hasta situarse en los 66,22 millones de euros. Esto supone un descenso del 3,66% respecto a 2016, cuando la morosidad entre los vecinos de los inmuebles prácticamente alcanzaba los 69 millones de euros, y casi el 13% menos que en 2014, cuando se registró el mayor volumen de los últimos cinco años (76 millones). Eso sí, la morosidad sigue afectando en mayor o menor medida a dos de cada tres comunidades de propietarios en la Región (el 66%), muy por encima del 38,43% de media nacional.

Así se refleja en el último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, que recoge la evolución que ha experimentado a la baja la deuda en las comunidades de vecinos de todo el país. En el conjunto nacional, el importe ha caído en el último año un 3,88%, hasta los 1.601,23 millones de euros. La comunidad en la que más bajó la morosidad de 2016 a 2017 fue Asturias, con una caída del 5,27%.

Hay varias causas que explican este descenso generalizado: «Por un lado está la recuperación económica, que afecta de forma positiva a las economías particulares para hacer frente a los pagos que antes retrasaban. Por otro, la resolución de los procesos judiciales contra los morosos. Y, por último, hay que destacar la labor de los administradores de fincas colegiados, que consiguen cobrar las cuotas correspondientes tras un trabajo arduo», explica el presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de la Región, Carlos Antón, quien anticipa «una nueva reducción en la cuota de la morosidad en la Región para este año».

Las entidades financieras fueron responsables de casi el 20% de los recibos impagados en 2017: 12,97 millones de euros

Del estudio del Consejo General también se desprende el importante porcentaje de deuda correspondiente a las entidades financieras, propietarias de buena parte del parque inmobiliario nacional. En la Región de Murcia, la morosidad achacable a los bancos ronda los 13 millones de euros, lo que supone casi el 20% del pendiente total en las comunidades de vecinos. Pese a todo, esa cifra bajó en 2017 un 4,69% con respecto al año anterior, un descenso mayor al que se registró en el conjunto nacional (-4,13%). En total, los bancos deben más de 317 millones a las comunidades de propietarios del país. Según Carlos Antón, el dato de la morosidad bancaria «es importante», y lamenta que «las entidades financieras han puesto al frente de los pagos a gestoras que en ocasiones dificultan más que facilitan el cobro de los recibos a las comunidades de propietarios». Además, y según el presidente de los administradores de fincas murcianos, la vía judicial funciona, «pero a veces más lenta de lo que nos gustaría».

A 87,40 euros por vivienda

Con todo, el montante de la deuda de las comunidades de propietarios sigue teniendo un impacto notable en las escaleras de vecinos, donde la morosidad media es de 1.065 euros. Según los datos que se recogen en el informe publicado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, al dividir el importe adeudado total por los vecinos morosos (1.601,23 millones de euros) por el número de viviendas residenciales del país, se obtendría una deuda media de 65 euros por piso. En la Región de Murcia, «el resultado sería de 87,40 euros por vivienda», señala Antón.

Los administradores de fincas reclamaron hace unos días en su congreso nacional, celebrado en Madrid, «una nueva Ley de Propiedad Horizontal, totalmente necesaria para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios y para luchar contra la inseguridad jurídica».