EL MUNDO
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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que grandes constructoras nacionales iniciaron un proceso de «catalanidad» que consistía en pagar «sobornos» a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de obra pública. El Ministerio Público ha elaborado un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que rechaza el archivo de la causa para algunos de los grandes empresarios que realizaban donaciones a la formación que presidía Artur Mas a través de su conglomerado de fundaciones instrumentales.
Con respecto a esta operativa, la de realizar entregas de fondos a entidades como Catdem, Anticorrupción la considera abiertamente como pago de «sobornos para conseguir adjudicaciones». Con ello, descarta que los grandes constructores realizaran pagos a este tipo de organismos simplemente por una cuestión de afinidad política, tal y como han sostenido muchos de ellos a lo largo de la investigación.
A la hora de abordar estas prácticas y en contestación a un recurso de apelación de la constructora Oproler, con sede central en Madrid, Anticorrupción explica que los contratos públicos de la Generalitat «le eran vetados» hasta que llevó a cabo el referido proceso de «catalanidad».
En el caso de esta compañía, el primer paso para «catalanizarse» pasó, explica el fiscal Anticorrupción José Grinda, por la contratación como delegado en Cataluña de Josep Maria Bassols, marido de Núria Bassols, una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que Mas fichó como comisionada de Transparencia. La contratación de Bassols tuvo como objetivo, prosigue la Fiscalía, «conseguir los favores de Germà Gordó«, entonces mano derecha de Artur Mas en la Generalitat y la persona a la que todos los empresarios implicados en el caso 3% señalan como la figura clave a la hora de negociar las entregas de dinero a cambio de licitaciones públicas.
El primero que aludió a este proceso de «catalanidad» de las empresas fue precisamente el presidente de la constructora, Sergio Lerma, que explicó a los investigadores que se había quedado fuera en más de dos decenas de licitaciones de la Generalitat pese a haber presentado ofertas muy sólidas que superaban en muchos casos a las del resto de contrincantes.
Fue entonces cuando el propio Lerma pidió explicaciones a uno de los responsables de la entidad pública Infraestructures.cat, encargada de sacar a concurso las principales obras catalanas. La respuesta que recibió fue, siempre según su testimonio: «Usted es un empresario de Madrid y debería catalanizar su empresa». Le añadió que existía una especie de círculo restringido de empresas y que para pasar a formar parte del mismo debía «integrarse» pagando al partido nacionalista.
Siguiendo estas instrucciones, Oproler pasó a realizar donaciones a las fundaciones Catdem y Fórum Barcelona, materializándose entonces la ansiada integración y la obtención de concursos públicos.
Estas «conductas», a juicio de Anticorrupción, «entran de lleno en la generación de adjudicaciones delictivas por distintos organismos públicos y administraciones públicas dependientes de CDC».
A lo que añade que «la conducta delictiva» concreta «de los Sres. Bassols y Lerma fue encaminada directamente a obtener favores y trato privilegiado en concursos a través de ganarse la voluntad del también investigado Andreu Viloca (ex tesorero de CDC)».
El aludido proceso de «catalanidad» lo consumó Oproler mediante «la consecución de concursos con otro de los investigados, Jordi Soler -propietario de la constructora Grupo Soler, radicada en Barcelona-, quien tiene otras conductas delictivas imputadas».