Fuente: Intersindical Servicios Públicos
En la Administración Ambiental, la debilidad organizativa, con los continuos cambios de Consejerías y Direcciones Generales que se han arrastrado durante décadas y que se han intensificado en los últimos años desgajando incluso los propios Servicios, y la precariedad de medios, tanto personales (con más de la mitad del personal eventual) como materiales, son un grave problema tanto para garantizar efectivamente los derechos de la ciudadanía, derechos que nos son reconocidos en la Constitución Española, así como para las necesidades de los agentes económicos, cuyas actividades ven eternizados los trámites a los que deben someterse.
Pero también para las funcionarias y funcionarios, así como el personal de apoyo externo de las Direcciones Generales dependientes de Medio Ambiente, tal y como ya puso de manifiesto la Inspección de Servicios de la Comunidad Autónoma en al año 2011, momento desde el cual la situación ha empeorado notablemente.
A estas carencias se le suma la deficiencia de reglamentos o parámetros aprobados por normativa autonómica para aplicar a la resolución de los diferentes expedientes, que no hace más que generar inseguridad entre el personal de los departamentos ambientales de la Administración Regional, que tienen que buscar antecedentes jurídicos y criterios objetivos por su cuenta para poder emitir cualquier documento, llegando a veces a discrepancias con otros agentes que acaban dirimiéndose en los juzgados.
Estas circunstancias llegan a suponer serios riesgos físicos o psicológicos para los empleados y empleadas públicos afectadas por dicha situación, ya que en muchos casos el elevado volumen de trabajo o la especial complejidad de los asuntos tratados son de imposible resolución con los medios disponibles para tales fines.
Todo esto y mucho más se puso de manifiesto el pasado martes, día 13 de febrero, en un abarrotado Edificio Moneo, en la jornada-debate «Hacia una administración ambiental verdaderamente eficaz y al servicio de la ciudadanía», en la que participamos la Intersindical, representada por la bióloga de la Dirección General de Medio Natural, Rosa Porras, junto a los sindicatos de Administración y Servicios, todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional, así como el profesor de derecho administrativo, Santiago Álvarez, que resaltó las carencias de la propuesta de ley para la creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), por supuesto, con la inestimable colaboración, tanto en la organización como en la propia jornada, de los trabajadores y trabajadoras de las direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor y de Medio Natural, que pusieron de manifiesto, ejemplo tras ejemplo, sus pésimas condiciones laborales e inestabilidad.
Desde Intersindical Servicios Públicos apostamos por un servicio público e independiente de calidad. Para lograrlo, exigimos que las plantillas de las dos direcciones generales referidas aumenten sustancialmente, y estar sustentada en una estructura organizativa consensuada y mantenida en el tiempo, así como aprobada en el BORM.
Asimismo, el personal debe estar dotado de los medios materiales pertinentes, para acometer con eficacia y eficiencia las obligaciones que tienen encomendadas, y para llevar de una vez por todas al medio ambiente de esta Región al nivel que le corresponde, proporcionando el servicio que la sociedad actual espera y que el desarrollo normativo le exige.
Intersindical Servicios Públicos apoya y siempre apoyará a las trabajadoras y trabajadores valientes y responsables, y trabajará sin descanso para que sus condiciones laborales sean cada vez mejores. Porque se lo merecen y porque es justo y necesario.
