El testamento final de Isidoro Álvarez tensiona la cúpula de El Corte Inglés

Días antes de morir el 14 de septiembre de 2014, el histórico presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, entregó a uno de sus más fieles y veteranos colaboradores, Carlos Martínez Echevarría, una carta. Incluía un único cambio en el testamento que había cerrado meses antes, el 30 de mayo. En la carta ya no dejaba diez millones de euros a su hermana, María Antonia Álvarez, la madre del actual presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, sino cinco millones. Ésta es la versión que trasladó Martínez Echevarría a la atónita María Antonia dos años después, cuando toda la familia y albaceas se dieron cita para la firma del cuaderno particional de la herencia.

La hermana de Isidoro confió resignada en este albacea y en el notario, Juan Aznar, y se unió a todos en la firma, pero actualmente, dos años después, ha decidido que no se lo cree y ha presentado una demanda civil contra la familia y albaceas, especialmente contra sus sobrinas, las hijas adoptivas de Isidoro y actuales principales accionistas de El Corte Ingles Marta y Cristina Álvarez. Éstas han logrado en los últimos años apoyos suficientes, incluidos los veteraranos fieles a su padre, para dominar la empresa y el consejo y retiraron el pasado octubre poderes ejecutivos a Dimas Gimeno.

La madre de éste reclama la anulación del cambio en el testamento y que se la eleve su legado en cinco millones. Según el texto de la demanda al que ha tenido acceso este diario, los abogados de María Antonia Álvarez aseguran que se produjo «un sospechoso cambio» a última hora en el testamento de Isidoro que debe ser declarado nulo por infringir el código civil, ya que no se respetaron, en su opinión, las reglas de modificaciones testamentarias. Señala además que las dos ramas familiares no tenían relación entre ambas con Isidoro Álvarez en vida. Peor aún después.

Los defensores de las hermanas Álvarez niegan irregularidades y que la demanda tenga recorrido. Subrayan que María Antonia aceptó en su momento el testamento y su reparto, por lo que no ven admisible que lo ponga ahora en duda. Ligan su actual ofensiva judicial al cambio en el papel de su hijo en el grupo.También a su deuda con Hacienda al no ser heredera, sino legataria.

Por su parte, la demandante asegura que tiene estudios básicos y que cometió un error al firmar entonces. Ahora cuestiona que «prácticamente moribundo» su hermano firmara en el hospital el 25 de agosto de 2014 una carta que solo modificaba su legado para su hermana y con «numerosos defectos» incluido que escribiera «el legado de Ma. Antonia» sin especificar apellido o estableciera que se le diera el dinero de una sociedad distinta de la prevista en el testamento original. Esta demanda presentada este año se une a la mercantil del pasado septiembre en el que la madre de Gimeno reclama que sus sobrinas restituyan 140 millones a la sociedad familiar IASA, porque, a su juicio practicaron una reducción del capital social de esa envergadura a espaldas del resto de accionistas, ella incluida. Otro de los socios, César Álvarez, hermano de María Antonia, ha presentado una demanda similar contra sus sobrinas, que va más avanzada y tendrá ya vista el próximo mes. También en este caso Marta y Cristina niegan de plano irregularidades y sostienen que la reducción de capital obedece también a la aplicación del testamento de su padre, que las instituyó como herederas universales.

La Justicia hablará sobre estas duras demandas, pero, de momento, el mero hecho de que nada menos que la madre del presidente de El Corte Inglés demande a las principales accionistas es una muestra de tensión en la cúpula y la necesidad de más acuerdos y profesionalidad. Es cierto que la empresa mejora beneficios y que a la clientela no llegan estas convulsiones internas, pero deben ser resueltas. Más aún cuando Rajoy mostró buena sintonía personal con Gimeno el pasado martes y brindó en el World Retail Congress un claro apoyo a la cruzada de El Corte Inglés contra la competencia desigual con Amazon, que se encuentra a años luz de aportar a la economía española los impuestos y el empleo directo e indirecto de 350.000 personas que genera El Corte Inglés. Tras lograr superar la crisis del mercado español con alta plantilla y deuda refinanciada, el grupo debe centrarse en reformas internas para adaptarse al duro entorno.

Hay señales hacia mayor profesionalización como el encargo sin precedentes que ha hecho el presidente de la Comisión de Auditoría, Manuel Pizarro, a Ernst&Young para que esclarezca si empresas vinculadas al jefe de protección de datos de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández Cernuda, se han convertido irregularmente en proveedores del grupo. Un feo asunto que también muestra que hay mucho por hacer.

El crecimiento económico y turístico de España ofrece un colchón de tiempo que el gran grupo fundado por Ramón Areces debe aprovechar.

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