El Ministerio destapa 18 «vertidos urbanos» ilegales en el Mar Menor

Costas localiza tuberías cuyo origen desconoce y pregunta a los ayuntamientos y a la Comunidad si son aguas residuales, industriales o de otro tipo y su volumen

La Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia ha detectado la existencia de dieciocho puntos de vertidos de aguas al Mar Menor sin autorización, cuyo origen y contenido desconoce. La inspección empezó en marzo y los resultados han sido ya comunicados a los ayuntamientos ribereños y a la Comunidad Autónoma, a los que Costas ha pedido que le informen del volumen y del contenido, pues desconoce si se trata de aportes residuales, industriales, agrícolas o de otro tipo.

Así lo desveló este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una rueda de prensa en Cartagena. En un encuentro informativo convocado en su sede local por el PSOE, en cuya ejecutiva federal Morán es responsable del Área para la Transición Ecológica de la Economía, indicó que, a la vista de esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha desplegado a técnicos en los municipios ribereños para ayudar a los consistorios a rastrear «el origen» de las «tuberías» detectadas en la laguna y proponer las medidas oportunas en materia de saneamiento urbano e industrial.

«Lo que llega a esos puntos no lo sabemos, reconoció Morán, y añadió que hay que «cuantificar» la cantidad que recibe la albufera y «ver si son vertidos puntuales o permanentes». En todo caso, indicó que hay que actuar de inmediato, para evitar uno de los focos de contaminación del espacio natural protegido.

Respecto al resto de medidas para la regeneración del Mar Menor, Morán fue tajante a la hora de descartar que el Gobierno central en funciones, del PSOE vaya a aceptar la declaración de emergencia de las obras del Plan de Vertido cero solicitada por el Gobierno autonómico, que comparten PP y Ciudadanos. «Para resolver la situación ecológica no hay atajos», afirmó Morán y advirtió al Ejecutivo autonómico de que «no repita» su solicitud, porque «no es posible saltarse los procedimientos ambientales». En el pasado, argumentó, se actuó sin atenerse a las normas de tramitación administrativa, e incluso prescindiendo de elementos clave en la planificación, y la consecuencia ha sido el «colapso» ambiental de la laguna.

Una «crisis política»

Es más, Morán advirtió de que el Gobierno regional no puede pedir la declaración de emergencia como una solución a la «crisis política» que vive la Región. Esa fórmula, que garantiza la tramitación urgente de los proyectos, sí se ha aplicado para los daños de la gota fría, recordó Morán. Y apuntó que la Región de Murcia tiene «un catálogo de cargos públicos investigados» por la Justicia por «buscar soluciones mágicas en tiempos inmediatos» a asuntos complejos, para dar una falsa tranquilidad a los ciudadanos. También se refirió a que la Fiscalía ha abierto diligencias para aclarar la reciente muerte de toneladas de peces y crustáceos en el Mar Menor, donde acusó al Gobierno regional de haber actuado con «irresponsabilidad».

Se da la circunstancia de que Conesa anunció el 18 de octubre en la Asamblea Regional que presentará una moción de censura para desalojar de San Esteban al presidente Fernando López Miras si en un plazo de dos meses no presenta una Ley de Protección Integral del Mar Menor con medidas contundentes y definitivas para salvar la laguna.

Asimismo, Morán avisó de que es necesario «actualizar» las previsiones del Plan de Vertido Cero, sin que ello suponga ni la anulación de este ni retrasar los plazos de ejecución. Se refirió a que el agravamiento de la situación ambiental de la laguna y el cambio climático, que implica «fenómenos extremos» como la DANA de septiembre, obligarán a redimensionar los proyectos para «atender» situaciones no calculadas cuando administraciones públicas, colectivos sociales y otras entidades hicieron sus aportaciones a esta estrategia.

Como ejemplo del «plan de acción» para el Mar Menor que plantean los socialistas, Morán indicó que, sobre la base de un estudio del Instituto Español de Ocenanografía y de otros datos, hay que reajustar el peso de las obras clásicas, de hormigón o «grises» y dar más peso a las «infraestructuras verdes». Como ejemplo, citó la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, el único del Mar Menor donde gobierna el PSOE, para invertir 70 millones de euros en habilitar zonas de drenaje del agua que eviten inundaciones en zonas urbanas y arrastres al Mar Menor. Entre tanto, el Ministerio planea levantar «barreras temporales» para evitar «escenas» como las de septiembre, con el pueblo completamente anegado.

Morán también se refirió a que serán promovidos «canales seminaturales con vegetación» y otras actuaciones, aunque es «posible» que se haga «dos o tres presas de laminación», como pidieron algunas organizaciones agrarias. Todo ello equilibrará la ordenación del territorio, porque «no puede ser» que el Campo de Cartagena sea «un tobogán de libre circulación» del agua.

En concreto, Morán dijo no tener «explicación» para el hecho de que «desapareciera» de las previsiones del Ministerio, en la etapa previa a su llegada a este, la opción de reducir la superficie agraria un 15%, un 30% o un 50%. Así lo planteó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entre otras cosas para no afectar al acuífero y reducir el problema del arrastre de nitratos al mar.

El Gobierno de España, explicó Morán, dio un giro el año pasado a este panorama y, dentro de un plan de control que implica a todas las confederaciones hidrográfica, la CHS ha sacado a la luz la existencia de 9.000 hectáreas de regadío en situación presuntamente irregular en torno a la laguna. Los expedientes relativos a unas mil hectáreas, recordó, fueron remitidos días atrás a la Comunidad Autónoma, que según su información envió a su vez a los propietarios de las fincas los requerimientos para que detengan la producción agrícola y devuelvan el suelo a su estado previo, en un plazo de quince días. Así lo establece la ley regional de medidas urgentes para la protección del Mar Menor, que obliga a restituir los bancales a secano o la vegetación natural y que Morán pidió aplicar sin miramientos porque quienes carecen de «carta de naturaleza» para regar están perjudicando el equilibrio ecológico y a los agricultores que sí respetan la ley.

En cualquier caso, indicó que tanto estos expedientes como los que llegarán en las próximas semanas a la Consejería de Agricultura, el Ministerio actuará respetando siempre «la seguridad jurídica». Se refirió, así, a los recursos presentados por los afectados. Eso sí, rechazó las acusaciones del Gobierno regional de haber consentido situaciones irregulares y apuntó que, «desde el minuto uno», el Gobierno socialista, que llegó a La Moncloa a mediados de 2018, actuó con «responsabilidad» en la zona e informó a la Administración regional.

También en relación con los arrastres agrícolas, Morán indicó que el refuerzo de inspectores de la CHS para poner orden en los cultivos estará vigente durante un año, con una posible prórroga de otro. Y advirtió de que si bien el Ministerio tramitará la solicitud presentada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para reutilizar las aguas de la rambla del Albujón, previa desalobración y desnitrificación, esta medida aportará una «solución muy parcial» a las descargas contaminantes. En concreto, según cifras de la empresa estatal Tragsa, dijo el ‘número 2’ del Ministerio que dirige Teresa Ribera, solo habrá capacidad para tratar 3 hectómetros al año.

Para hacer posible este aprovechamiento del agua, y mientras la CHS ultima el estudio de las aportaciones subterráneas de aguas con nitratos y fosfatos a la laguna, a través del acuífero, el Ministerio reparó un sistema de bombeo del Albujón. Este «entrará en funcionamiento con carácter inmediato», avanzó Morán.

«Una moratoria es una moratoria»

Por último, en cuanto a la moratoria urbanística planteada por la Asamblea Regional, Morán pidió al Gobierno autonómico que suspenda todos los desarrollos urbanísticos hasta dictar esta normativa. «Si es moratoria, es moratoria», afirmó, en referencia a la posiblidad de que quepan excepciones para permitir, por ejemplo, la construcción de 634 viviendas y alojamientos turísticos en El Vivero de La Manga.

A juicio de Morán, la Comunidad «debería tomarse suficientemente en serio esta cuestión» de la presión urbanística y apoyar, con equipos técnicos, a los ayuntamientos para que no funcionen con normas subsidiarias y otras regulaciones obsoletas, sino con planes generales que incorporen la información aportada por el Plan de Vertido Cero. Ante la posibilidad de generar nuevas construcciones, concluyó Morán, hay que dar «respuestas definitivas a futuro», sobre la base de la «sostenibilidad».