Las fuerzas secesionistas, ERC y PDeCAT, han unido sus votos a los del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, EH Bildu y, en el último momento, dos de los cinco diputados de En Marea (la confluencia gallega de Podemos) han tumbado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Con la devolución de las cuentas públicas al Gobierno la legislatura ha quedado sentenciada.
La votación contra las cuentas ha arrojado el siguiente resultado: 191 votos a favor de devolverlas al Gobierno frente a 158 que apostaban por su tramitación y una abstención de Nueva Canarias. Han votado para tramitar los Presupuestos el PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís.
Las razones de los partidos que han conformado este nuevo bloque de moción contra el Ejecutivo no han sido unánimes. Más bien al contrario, las divergencias entre ellos son muy notables y desde luego, apenas tienen que ver con el contenido del propio proyecto de Presupuestos.
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El El secesionismo ha optado por rechazar las cuentas y propinar así un golpe letal al Gobierno porque no se han aceptado los dos imposibles que exigía a cambio: negociar el derecho a la autodeterminación, sobrepasando todos los límites constitucionales y conseguir que Pedro Sánchez interfiriera en la acción de la Justicia en favor de los políticos procesados por el 1-O, vulnerando de plano la separación de poderes.
PP y Ciudadanos, por su parte, han votado contra las cuentas porque en sí mismas les parecen negativas para el país y porque su primer deseo es forzar la convocatoria de elecciones generales cuanto antes para intentar sacar de La Moncloa a un presidente al que acusan de preferir sustentarse y negociar con la izquierda populista y «los que quieren romper España» antes que con los partidos constitucionalistas.
Las fuerzas más pequeñas -CC, Foro Asturias y UPN- lo han hecho por motivos más económicos al considerar que el Gobierno en su proyecto inclina claramente la balanza en favor de Cataluña en detrimento del resto de territorios para intentar garantizarse el respaldo del soberanismo que les hubiera resultado imprescindible para seguir en el poder.
La ministra Montero, que ha protagonizado el debate de Presupuestos, sale el Pleno. / A. L.A la espera de una fecha para las elecciones
Ahora, tras la muerte de los Presupuestos sólo resta esperar a que el presidente del Gobierno desvele sus planes inmediatos que, según todos los partidos del arco parlamentario, deberían pasar por la llamada de los españoles a las urnas. Nadie, de hecho, cree que sea posible prolongar una legislatura a base de decretos constreñida por el Presupuesto elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A lo largo del debate, con cruces de acusaciones durísimas, se ha desvelado con nitidez el inicio de la campaña electoral. De hecho, pocos albergan dudas de que las cuentas tumbadas y el proyecto político que encierran constituirán la columna vertebral de la oferta que Sánchez presente a los ciudadanos, unida con la constatación de que finalmente se ha resistido a las exigencias del independentismo.
PSOE y Unidos Podemos intentaron hasta el último momento convencer a ERC y PDeCAT de la necesidad de aprobar los Presupuestos. Lo hicieron agitando incluso el fantasma del miedo a un posible Gobierno futuro de la derecha con el que llegarían a enfrentarse incluso a una nueva aplicación del artículo 155. Pero el esfuerzo fue vano. El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los cabecillas del 1-O ha marcado definitivamente las cartas de las fuerzas secesionistas.
«La ultraderecha se hace un hueco en este país»
La ministra de Hacienda se ha prestado a hablar tras la votación. María Jesús Montero ha arremetido contra quienes «ponen chinas» para evitar que el país siga hacia delante. En su opinión, se trata de una «conducta punible».
«La derecha dice que no a las políticas sociales a las que pretenden resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos», ha recalcado tras asegurar que algunos «están instalados en la confrontación». «La ultraderecha se hace un hueco en este país», ha advertido.
Montero también ha asegurado que el Gobierno nunca ha estado dispuesto a aceptar el derecho de autodeterminación que exigen las fuerzas independentistas porque está fuera de la Constitución.
«Seguiremos trabajando porque hay muchos proyectos que deben venir a este Congreso y otros que están en tramitación. «Trabajaremos hasta el último día», ha dicho la ministra.