El impuesto a la banca ya no es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez tranquiliza al sector

  Traslada ahora al sector que su impuesto no es “inminente”.

 

Así lo expuso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no incluyó esta figura entre las que se deben llevar a cabo «lo antes posible», y así se lo ha trasladado ahora el propio presidente a las entidades bancarias, quien según fuentes financieras no lo incluye entre sus objetivos «inminentes».

El impuesto ha recibido numerosas críticas por parte de las entidades bancarias, y el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, llegó a apuntar, durante la última presentación de resultados de la entidad que, si finalmente se crea esta figura, la entidad modificaría su estructura legal en España y preguntado, por si mantendría la sede en el país, se limitó a decir que «probablemente».

También el PNV ha presionado para que el nuevo impuesto sólo afecte a las entidades de mayor tamaño y no a las medianas, básicamente para que no repercuta sobre Kutxabank y evitar así que el banco vasco tenga que llevar a cabo un ajuste en forma de, por ejemplo, recortes de personal. Los nacionalistas fueron clave para que Sánchez llegase a La Moncloa y del mismo modo lo serán, cuando se produzca la tramitación de esta figura impositiva, por lo que su poder de presión resulta determinante.

La patronal bancaria, por su parte, también se ha mostrado claramente en contra del gravamen y no ha dudado en afirmar que podría tener consecuencias en la salud del sistema financiero. El propio presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, defendía la pasada semana en las páginas de EL MUNDO que «el mejor impuesto que se puede aplicar a la banca es pedirle que refuerce su capital y solvencia».

«Hacer que reserve más dinero para que cuando vengan los problemas no sea necesario recurrir al dinero del contribuyente. Y para que cuando lleguen los malos tiempos, las familias y empresas no se queden sin financiación, justamente cuando más lo necesitan», añadía Roldán.

En este contexto, el Gobierno ha decidido posponer una figura que, según explicó el PSOE cuando estaba en la oposición, podría ayudar a reducir el déficit de la Seguridad Social. El Ejecutivo mantiene que lo llevará a cabo y que sí creará este impuesto en una segunda revisión fiscal, pero lo cierto es que no tiene asegurados ni siquiera los dos años que le quedan a la legislatura y tampoco están claros los apoyos con los que cuenta para aprobar medidas.

Sociedades, ‘tasa Google’ y diésel

En cambio, se centra en las actuaciones que sí considera prioritarias: endurecer elImpuesto de Sociedades, dar forma a la denominada tasa Google e incrementar el precio del diésel para equipararlo, de manera progresiva, con el de la gasolina. En el primer caso, la intención de Hacienda es introducir un tipo mínimo del 15% y el objetivo es que las grandes empresas aporten más en forma de impuestos, ya que el Ejecutivo considera que gozan de demasiadas exenciones y deducciones. Con esta modificación, según los presupuestos alternativos que en abril presentó el grupo socialista, el Estado recaudaría hasta 4.000 millones de euros.

En cuanto a la llamada tasa Google, el Ejecutivo quiere imponer un impuesto a las grandes tecnológicas que se dediquen a la «venta de espacio publicitario on line, actividades de intermediación en plataformas digitales o la venta de datos de sus usuarios». Aquí, además de Google, también estarían incluidas empresas como Facebook, Amazon o Airbnb. Y sobre la figura medioambiental, la estimación es que tendría un impacto de unos 600 millones, y el Ejecutivo siempre defiende que no afectaría a trabajadores autónomos y que su finalidad, más que recaudatoria, es disuasoria.

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