El Gobierno propone a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado

Fuente: El País

La exministra de Justicia sustituiría a María José Segarra al frente del ministerio público

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Dolores Delgado, de 57 años, como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, según han confirmado a este diario fuentes del Ejecutivo. Delgado, que llegó tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en junio de 2018 al Ministerio de Justicia, se ocupará, si es confirmada en el puesto, de dirigir el ministerio público. Tanto ella como su antecesora en esta institución pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Nació en Madrid en 1962, Delgado estuvo 25 años en la Audiencia Nacional antes de formar parte del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. En su etapa en este órgano, en el que ingresó en 1993, la exministra dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha contra el terrorismo. Antes de incorporarse al Gobierno que salió de la moción de censura era la fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. Sánchez informó el pasado viernes a Delgado de que no continuaría al frente de la cartera de Justicia. De hecho, este mismo lunes, el socialista Juan Carlos Campo, juez de carrera, tomará su relevo al frente del Ministerio.

Con Dolores Delgado al frente de Justicia, el Gobierno, con el apoyo de los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— exhumó los huesos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el pasado octubre. En el acto, al que tuvo que asistir en persona, dio fe como notaria mayor del reino. Salpicada por el caso Villarejo, Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una «fiscal de trinchera» y prometió ser una «ministra de trinchera». Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar el Gadafi para juzgarle por crímenes contra la humanidad. Defensora de la Justicia Universal —criticó duramente los límites a las investigaciones judiciales aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy—, fue la fiscal que consiguió la primera condena en España por crímenes de lesa humanidad, la del exmilitar argentino Adolfo Scilingo.

Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para «sacar de la fosa de la desmemoria», como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo. Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la vicepresidenta Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión, dos meses después de tomar posesión, de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía. Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran «trocitos solapados, puestos y pegados» y negó haber mantenido alguna «cita en ningún aspecto profesional» con el excomisario.

Estos hechos se sumaron a las acusaciones que recibió por su supuesto abandono al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en la demanda civil que presentó el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga. Tanto el Congreso como el Senado reprobaron a la ministra, a la que también acusaron de instar a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes independentistas en prisión por su papel en el procés. Los servicios jurídicos del Estado acusaron a los impulsores del procés de sedición, y finalmente el Tribunal Supremo los condenó por este delito.

Durante estos meses, Delgado también tuvo que hacer frente a las exigencias salariales y laborales de las asociaciones de jueces y fiscales, que ella misma abanderó como vocal de la UPF en el Consejo Fiscal —órgano consultivo del Ministerio Público— contra el equipo ministerial liderado por Rafael Catalá. Ya al frente de las negociaciones como ministra, estos colectivos decidieron hacer una huelga. Las tensiones se aliviaron una vez que se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incluyeron algunas de las reivindicaciones de las asociaciones sobre derechos laborales, permisos y licencias que jueces y fiscales han recuperado, así como la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicha modificación también se contempló el cambio en el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. Sus vocales volverán a tener dedicación exclusiva, dando así fin al sistema «presidencialista» impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.