El Mundo
David Serrano, propietario de la finca de Totalán (Málaga) donde murió Julentras su caída a través de un pozo ilegal el 13 de enero, basará su estrategia de defensa para evitar ser acusado de homicidio imprudente en culpabilizar al pocero Antonio Sánchez por realizar el pozo sin los permisos y no haberlo sellado, según confirman a EL MUNDO fuentes próximas.
El dueño de la parcela dará hoy una rueda de prensa en Málaga para argumentar que fue «un accidente» e insistirá en que no era consciente de que la perforación no contaba con la autorización de la Junta de Andalucía ni que los dos bloques de hormigón que había usado él para taparla se habían movido.
El hombre, que se encuentra muy afectado por el trágico final de Julen, ha contratado al prestigioso abogado costasoleño Antonio Flores para librarse de la posibilidad de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número nueve de Málaga que investiga el caso le acuse de homicidio imprudente. «Él insiste en que contrató al pocero pensando en que había solicitado los permisos porque en la mayoría de los casos son los poceros los que realizan esas gestiones. Ellos tienen en su poder la documentación que pide la Junta para hacer perforaciones y tienen la obligación, como fija la Ley de Aguas andaluza, de abstenerse de realizar un pozo si no tienen la autorización», dice un allegado a Serrano, que en su primera declaración ante la Guardia Civil reconoció que no había pedido los permisos creyendo que «Antonio era un especialista» y se encargaría de todos los trámites. El dueño aún no ha declarado ante la Justicia.
El pocero aseguró ante los agentes que Serrano le había dicho que tenía la documentación para hacer el pozo, aunque reconoció no haberla visto. «Me confié porque en la parcela ya había otro pozo hecho», dijo Sánchez, que explicó que él tapó el agujero con una piedra de unos 15 kilos que fue movida posteriormente.
Serrano, en cambio, sigue insistiendo en que el pocero dejó la perforación sin tapar y que tuvo que ser él el que lo hiciese con dos bloques de hormigón que vio desplazados cuando se precipitó el niño. Su versión es apoyada por la declaración del maquinista que hizo la zanja en forma de «L» donde se encontraba el pozo. «Desplacé la montonera con la pala a unos cuatro metros del pozo en la misma parcela, ya que David me dijo que la quería para hacer cemento. Tras quitar la arena se veía el agujero a ras del terreno. Al irme vi como David puso con el pie unas piedras que había en la zanja sobre el agujero», explicó ante los agentes.
Homicidio imprudente
El propietario de la parcela asegura que no sabía que aquellos bloques de hormigón se habían movido y que no sabía que un niño como Julen podía caber en ese agujero. «No lo creían ni los primeros expertos en rescate que se personaron en el lugar de los hechos, imagínate David. En el delito de homicidio imprudente juega mucho el factor de la subjetividad y David no era consciente de que aquella zona era una zona de riesgo para Julen», explican desde el entorno del dueño.
La Guardia Civil cree que Serrano, pareja de la prima del padre de Julen, podría ser acusado de homicidio imprudente porque organizó un almuerzo en una zona de obras y con un pozo mal sellado sin garantizar la seguridad de los asistentes.
La Ley de Aguas de Andalucía determina en su artículo 53 que es el dueño de los terrenos quien está obligado a tapar el pozo. Si no lo cierra, la Junta debe exigir al propietario que lo haga y, si finalmente no cumple, la administración es la que debe sellarlo convenientemente.