Fuente: La Verdad
La moratoria urbanística y el plan del Ministerio para el humedal de Lo Poyo hacen casi imposible levantar 6.000 casas
Los últimos planes de las administraciones regional y nacional para proteger el Mar Menor, tras la crisis desatada por la muerte de miles de peces y crustáceos, han añadido nuevas y quizás definitivas complicaciones al megaproyecto urbanístico Novo Carthago. Sobre la polémica iniciativa de construcción de 6.000 viviendas, dos campos de golf y dos hoteles de lujo en San Ginés de la Jara pesan ya una causa judicial en Murcia por presunta corrupción de funcionarios y políticos de la Comunidad Autónoma al recalificar terrenos protegidos y la decisión del Ayuntamiento de Cartagena de suspender la tramitación administrativa del proyecto, hasta que la Justicia se pronuncie y aclare si esa decisión está o no viciada en su origen.
A estas dos losas se han sumado este mes otras dos: la petición de la Asamblea Regional al Gobierno autonómico para que aplique una moratoria a los nuevos desarrollos urbanísticos junto a la laguna, es decir que paralice también la concesión de licencias; y la aprobación del Plan de Vertido Cero a la albufera por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, donde el Gobierno central y el regional plantean la ampliación de la superficie protegida en la zona del humedal de Lo Poyo, como paso previo a su restauración ambiental. Esta última actuación obedece a la contaminación del suelo por metales pesados, cuyo origen es el arrastre de residuos desde la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.
En el caso de las limitaciones al ladrillo, los cinco grupos políticos con presencia en la Asamblea (PP, PSOE, Cs, Podemos y Vox) aprobaron el 18 de octubre una moción para instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad a «suspender cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor». La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que dirige Diego Conesa, establece la «excepción de la ampliación natural de los cascos urbanos consolidados, con respeto a los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares en los planes aprobados o en trámite».
Hansa Urbana exige en los tribunales al Ayuntamiento 34 millones de euros por daños y perjuicios
Todo ello debe hacerse, además, «exigiendo rigurosidad en el cumplimiento de las normas de protección medioambiental y con respeto absoluto a la legalidad vigente, hasta que se promulgue, una vez finalizada toda la tramitación parlamentaria, la Ley de Protección Integral del Mar Menor».
Respecto a Lo Poyo, cuya descontaminación es una de las exigencias ambientales incluidas en el proyecto urbanístico Novo Carthago, el Plan de Vertido Cero lo incluye como un humedal cuya superficie podría ser ampliada con adquisiciones, expropiaciones y deslindes. Entre las razones aportadas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Vertido Cero están la necesidad de «mejorar la capacidad natural de absorber nutrientes», con una revegetación y recuperación de especies más amplias; y de contener la subida del previsible nivel del agua, un efecto del cambio climático que «puede condicionar el dominio público marítimo terrestre» y obligar a aplicar la «limitación de usos litorales en áreas inundables».
Como Portmán y Doñana
El plan introduce un posible giro respecto a la descontaminación clásica de suelos prevista hasta ahora, cuyo coste fue calculado en 27 millones de euros. Apuesta, por ahora sin un presupuesto fijo, por una «restauración y reducción de riesgos por residuos mineros» avanzada y de tipo «pionero», en el sentido de estar basada en «un alto contenido en tecnología puntera e innovación». El Ministerio, que admite que «el éxito no está asegurado», ve necesario hacer «estudios específicos» en Lo Poyo y cita dos «experiencias análogas en España»: la regeneración de la bahía de Portmán, en La Unión, y la pendiente de iniciar en el Parque Natural de Doñana (Huelva), afectado por el vertido de residuos mineros por la rotura de la presa de Aznalcóllar en 1998.
A pesar de todo ello, Hansa Urbana, la empresa alicantina que promovió Novo Carthago confirmó ayer a ‘La Verdad’ que sigue adelante con sus plan de exigir al Ayuntamiento una indemnización de 34 millones de euros. La compañía, que mantiene la condición de urbanizadora principal pese a que Banco Santander embargó los terrenos y es el nuevo dueño mayoritario del suelo, ultima una demanda por daños y perjuicios.
Fuentes de la mercantil indicaron que esta acción judicial podría ir dirigida también ahora contra la Comunidad Autónoma. Y destacaron que su proyecto contiene actuaciones de restauración ambiental del humedal y de las ramblas de la zona.
La Loma de Mar de Cristal y El Vivero de La Manga, afectados
Fuentes municipales indicaron que la suspensión de la concesión de licencias no solo afectará a Novo Carthago. También paralizará la tramitación del proyectos denominado El Vivero de La Manga, que plantea 634 viviendas, así como apartamentos y plazas hoteleras cerca de las salinas de Marchamalo; y de otro llamado La Loma de Mar de Cristal, con cerca de mil casas. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, mostró su satisfacción por la aprobación de la moratoria urbanística en la Asamblea y recordó que fue ella quien, hace dos años, instó al PSOE a plantear en el parlamento esta medida de freno al urbanismo excesivo en torno al Mar Menor, y en concreto a Novo Carthago. Castejón se felicitó por que el Gobierno regional haya asumido esta medida, que el parlamento ya le instó a aplicar en 2017, y pidió que el Ejecutivo «dé indicaciones legales claras a los ayuntamientos» para aplicarla. Además, reiteró que en la propuesta de nuevo Plan General incluirá que distintos terrenos de la ribera del Mar Menor sean calificados como protegidos por su valor ambiental.