CARTAGENA/ El plan del Vivero inquieta a la Comunidad por el impacto urbanístico y político

Fuente: La Verdad

La reactivación del proyecto para edificar 634 pisos en La Manga agita el debate sobre la moratoria en el entorno del Mar Menor

La reactivación del Plan Parcial El Vivero de La Manga, que prevé la construcción de 634 viviendas y alojamientos turísticos en parte de los terrenos ganados al Mar Menor en 1969 con la desecación y el relleno de unos 300.000 metros cuadrados, desató ayer la preocupación entre funcionarios y políticos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Cartagena. Al «impacto urbanístico, medioambiental y paisajístico» que este desarrollo residencial y turístico tendría en la ribera sur se une, según las fuentes consultadas, el efecto político en plena crisis ambiental en la laguna, en mitad de la tramitación de una moratoria urbanística en todo el entorno de la laguna y a escasos días de las elecciones generales.

La aprobación del Programa de Actuación y de los Estatutos de la Junta de Compensación del Plan Parcial El Vivero por parte de la Junta de Gobierno Local el pasado 25 de julio, y la reciente apertura del periodo de exposición pública de los documentos, dos novedades desveladas ayer por ‘La Verdad’, sacudieron varios departamentos técnicos de las administraciones local y regional. Además, generaron un debate sobre las fórmulas económicas y legales para impedir esta urbanización, promovida por la mercantil cartagenera Portmán Golf SL (vinculada a los empresarios Alfonso García y Mariano Roca) y por Herjospha SA (de unos empresarios madrileños) en suelos rellenados por Tomás Maestre. Entre los propietarios de las parcelas figuran herederos del fallecido promotor inmobiliario y del Obispado.

Técnicos y cargos públicos de las consejerías de Fomento y de Medio Ambiente, así como de la corporación local, quienes dieron información a cambio de anonimato, aseguraron que la noticia de este diario sobre el avance en la tramitación del Vivero causó «sorpresa» y «preocupación». En primer lugar, porque había pasado inadvertida la decisión del gobierno cartagenero, formado por PP, PSOE y Ciudadanos; en segundo lugar, porque el proyecto se beneficia de la vigencia del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987, de menor exigencia ambiental que el de 2012, anulado por el Tribunal Supremo; y, en tercer lugar, porque si los promotores obtuvieran la licencia de obras, bloquearla implicaría pagar una indemnización muy alta por daños y perjuicios. En todo caso, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indicaron que el proyecto debe ser sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, planteó el martes que la Comunidad debe iniciar «de inmediato» la expropiación de los terrenos por razones de interés social y ambiental, para limitar el importe de la indemnización. Pero el PP municipal insiste en esperar a que el Gobierno autonómico, que forman populares y Cs, defina los efectos de la moratoria solicitada por la Asamblea Regional el 18 de octubre.

Castejón, edil no adscrita tras su expulsión de las filas socialistas y titular también de las competencias de Urbanismo y Medio Ambiente, sostiene que estaba obligada a plantear a la Junta y aprobar la propuesta de las empresas del Vivero, para no incurrir en un delito de prevaricación. Acerca de por qué Castejón no solicitó en 2018 la expropiación del suelo de Urbincasa, que está construyendo el primer bloque de una promoción de 130 viviendas en Playa Paraíso, a pocos metros del Vivero, fuentes de la alcaldía indicaron que el coste habría sido para el Ayuntamiento, y además muy alto, porque ya había licencia. En cuanto al proyecto La Loma de Mar de Cristal, que prevé en torno a mil viviendas, en la alcaldía indicaron que lleva años en una fase muy inicial. No precisaron si el Ayuntamiento solicitará aplicarle la moratoria o enajenar el terreno.

«Castejón no informó al PSOE»

MC, que gestionó el área de Urbanismo desde junio de 2015 a enero de 2018, a través de José López (también alcalde durante dos años) y María José Soler, criticó la gestión de Castejón, Arroyo y Manuel Padín (de Cs) por beneficiar presuntamente intereses privados. Además, defendió que «la solución pasa porque se adquieran esos terrenos para destinarlos a equipamiento». La vía sería «un acuerdo» con las promotoras o la «expropiación», pero en cualquier caso un movimiento «rápido, porque cuanto más se tarde más cuantiosa puede ser la indemnización».

En una rueda de prensa convocada por el PSOE en su sede de Cartagena, el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, pidió al Gobierno autonómico que la moratoria afecte a todos los desarrollos previstos. «Si es moratoria, es moratoria», dijo; y apuntó que la Comunidad «debería tomarse suficientemente en serio» el hecho de que los ayuntamientos ribereños aplican normas subsidiarias y necesitan apoyo técnico para aprobar cuanto antes planes generales que hagan una ordenación del suelo actualizada y con «respuestas definitivas a futuro».

La presidenta de la Gestora del PSOE en Cartagena, Lourdes Retuerto, criticó que el partido «no fue informado» de la votación de julio por Castejón, quien ya estaba expedientada y amenazada de expulsión por su pacto de gobierno. La urbanización del Vivero, añadió Retuerto, «no es asumida por el PSOE».

La concejal de Unidas Podemos- IU-Equo, Pilar Marcos, anunció que su grupo presentará alegaciones al Plan Parcial El Vivero, para «poner freno al enladrillamiento del litoral cartagenero por razones medioambientales, económicas y sociales.

Los Alcázares pide fomentar los usos turísticos y hoteleros

El Ayuntamiento de Los Alcázares, donde gobierna el PSOE, ha remitido a la Consejería de Fomento alegaciones a la modificación de las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región. En el documento, de 29 de julio y que ha trascendido ahora, plantea incentivar los usos turísticos con una «prima de edificabilidad» a quienes opten por aquéllos frente al «uso residencial». Esa ventaja «no se podría obtener de manera directa», solo con una licencia, sino con el «instrumento de planeamiento» que defina cada corporación. El Consistorio también pide clarificar el fomento del uso hotelero, para no «obstaculizarlo» en «muchos casos» de suelos pendientes de gestión urbanística.