CARTAGENA / Dos promotoras retoman su plan de hacer varias torres en suelo ganado al Mar Menor

Fuente: La Verdad

PP y PSOE aprobaron en julio un avance del proyecto de Portmán Golf y una empresa de Madrid para construir 634 casas en La Manga

Cincuenta años después de que, en pleno desarrollismo franquista, Tomás Maestre ganara unos 300.000 metros cuadrados al Mar Menor, desecándolos y rellenándolos a lo largo de 1,2 kilómetros, dos promotoras han vuelto a la carga para conseguir lo que el famoso empresario no pudo: incluir en su urbanización de La Manga la zona donde ésta se junta con la ribera sur de la laguna. Mientras el Gobierno regional redacta la moratoria urbanística en el entorno de la albufera, solicitada el 18 de octubre por la Asamblea Regional tras la muerte de toneladas de peces y crustáceos, Portmán Golf SL y Herjospha SA avanzan en la tramitación de su proyecto inmobiliario en el Plan Parcial El Vivero. Este supondría la construcción de 634 viviendas y alojamientos turísticos repartidos en varias torres en primera línea de playa, entre las salinas de Marchamalo y Puerto Bello.

Ambas mercantiles, la primera de las cuales está vinculada a los empresarios cartageneros Alfonso García y Mariano Roca y la segunda a empresarios madrileños, lograron que el Ayuntamiento autorizara en verano un avance en la tramitación administrativa del expediente. Y la documentación está en periodo de información pública, por un plazo de un mes, desde la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el miércoles 30 de octubre. Curiosamente, es el día que 55.000 personas, según la Policía Nacional, participaron en Cartagena en la manifestación en defensa del Mar Menor convocada por vecinos, ecologistas y pescadores.

Antes de que la grave crisis ambiental llevara al parlamento a aprobar por unanimidad una iniciativa para suspender, con matices, los desarrollos urbanísticos junto a la albufera, el Consistorio dio su visto bueno al acuerdo del Vivero. El 25 de julio, la Junta de Gobierno Local autorizó «la aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial El Vivero». Según el acta de la sesión, la propuesta fue formulada por la alcaldesa-presidenta, Ana Belén Castejón, quien también es titular del Área de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Patrimonio Arqueológico y Medio Ambiente. El acuerdo fue «por unanimidad»; es decir, con los votos de cuatro concejales del PSOE, en concreto de Castejón, Juan Pedro Torralba, María Irene Ruiz y David Martínez, quienes aún no habían sido expulsados de esa formación por haber alcanzado un pacto de gobierno con PP y Ciudadanos (Cs); y con el «sí» de cuatro del PP: Noelia Arroyo (vicealcaldesa), María Casajús, Diego Ortega y Esperanza Nieto, quien actuó como secretaria al faltar Manuel Padín, primer teniente de alcalde por Cs.

La alcaldesa plantea ahora que la Comunidad inicie «de inmediato la expropiación por interés ambiental y social». Pero Arroyo pide esperar a la moratoria urbanística del Gobierno regional

Como invitados, estuvieron Alejandra Gutiérrez (por lo que del grupo socialista solo faltó Mercedes García) y Cristina Mora, Cristina Pérez y Carlos Piñana, del PP. Según Cs, Padín estaba en Rumanía, en un viaje de la Federación de Tropas y Legiones, organizadora de las Fiestas de Carthagineses y Romanos. Cs indicó que Padín estaba enterado del orden del día y que su edil María Amoraga no pudo acudir, porque tenía una Mesa de Contratación.

Indemnizaciones

A preguntas de ‘La Verdad’, Castejón mostró ayer su rechazo a la urbanización y anunció que pedirá a la Comunidad Autónoma que se haga con el suelo cuanto antes. «En caso de que la moratoria urbanística que debe impulsar el Gobierno regional afecte no solo a los suelos no urbanizables sino a los sectores urbanizables sin gestionar, como es el caso, fuera de los cascos urbanos consolidados, este Plan Parcial se vería afectado. Por tanto, no podría llevarse a cabo. Pero hasta la fecha no sabemos exactamente qué normativa urbanística autonómica se va a poner en marcha», indicaron fuentes de la alcaldía.

Añadieron que «la alcaldesa está en contra de cualquier desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, pero no puede saltarse las normas vigentes»; y que «la mejor opción para parar estos posibles desarrollos, mientras se formaliza la moratoria, es que el Gobierno regional inicie de inmediato la expropiación forzosa de los terrenos por un interés social y medioambiental plenamente justificado» y para que el coste de las indemnizaciones sea inferior al previsible si las empresas obtienen licencias de obra.

El paso de la regidora, ahora edil no adscrita, dividió a su gobierno. Padín se mostró partidario de la moratoria y dijo que «todas las decisiones del gobierno se toman de forma coordinada y consensuada». Sin embargo, el grupo popular se desmarcó de Castejón. «No vemos la urgencia de la expropiación. Antes, hay que conocer las condiciones de la moratoria urbanística que redacta el Gobierno regional y ver si afecta al Vivero y a otros proyectos. A partir de entonces, se podría evaluar la opción de una expropiación de terrenos, para evitar una presión urbanística excesiva sobre el Mar Menor», manifestó Noelia Arroyo a este diario.

Sobre el momento actual del expediente, cuya última resolución está firmada por el jefe del área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, en la alcaldía indicaron que «tras varias sentencias judiciales a favor de los propietarios, estos están intentando impulsar la constitución de la Junta de Compensación». Asimismo, señalaron que «este proceso es largo, complejo, y no siempre termina bien, puesto que puede verse interrumpido por desacuerdo entre los diferentes propietarios, y pueden producirse expropiaciones y pleitos cruzados». En todo caso, apuntaron que lo aprobado «es un trámite necesario para comenzar a gestionar el sector» y que el gobierno siguió « un acto reglado», para no incurrir en prevaricación. Entre los propietarios del suelo están varios herederos de Tomás Maestre y el Obispado de Cartagena.

Sobre el plan, precisaron que «en caso de que alguna vez se desarrollara íntegro, hablaríamos de 129.000 metros cuadrados de techo edificable»: 63.472 de uso residencial, para 634 viviendas de 100 metros cuadrados, y 64.502 hoteleros.

Fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que «el desarrollo del planeamiento urbanístico es competencia municipal», y que el Gobierno de Fernando López Miras, que agrupa a PP y Cs, «cumpliendo con el mandato de la Asamblea, aún está diseñando las medidas urbanística precisas que realmente protejan el Mar Menor de este o de cualquier desarrollo urbanístico». La propuesta que impulsaron PSOE, PP, Cs, Podemos y Vox plantea «suspender cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor», salvo «la ampliación natural de los cascos urbanos consolidados». Y todo, «con respeto a los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares en los planes aprobados o en trámite».

MC: «Esto huele mal»

MC reclamó frenar este proyecto, «por convicción o para atender el grito de salvar el Mar Menor». El concejal Jesús Giménez afirmó que «El Vivero es un caso sangrante» y que el Ayuntamiento debe actuar «porque no es un crecimiento querido por la sociedad; la Comunidad, porque la moratoria debe tener contenido, no como la de 2017; y la Confederación Hidrográfica del Segura, por la inundabilidad del terreno, evidenciada en la última gota fría». Añadió que «a muchos cartageneros les huele mal este asunto, porque cuando más cautelas hay que tener, todo avanza rápido y a los únicos que benefician estos avances incontrolados es a quienes generen derechos que den lugar a cuantiosas indemnizaciones».

Se da la circunstancia de que por haber incumplido un convenio urbanístico en otra zona del Vivero, el Ayuntamiento debe indemnizar con 5,2 millones de euros a Técnica de Inversiones Gamma SL, ligada también al empresario Mariano Roca. El acuerdo fue adoptado en 2005, con Pilar Barreiro, del PP, en la alcaldía y Martínez Moncada ya como jefe de Urbanismo.

Las empresas no tienen prisa y dicen respetar el entorno

Fuentes de Portmán Golf indicaron que las dos promotoras no tienen intención de construir a corto plazo en El Vivero, cuyas obras de urbanización costarían 7,9 millones de euros. Apuntaron que «las exigencias de separación impuestas por la Comunidad Autónoma en su día, tanto respecto a las salinas de Marchamalo como al mar, concentran el terreno urbanizable», pero con «una densidad baja respecto al volumen total de metros». Según las empresas, habría unas 600 viviendas en varios edificios de tres a ocho plantas. Además, el área de «equipamientos y de zonas verdes es muy amplio» y, «como obliga la norma regional, se ha reservado la mitad del terreno urbanizable a usos hoteleros». Añadieron que «si La Manga se hubiera construido con esos criterios de equipamientos, zonas verdes y deportivas y parcelas hoteleras, sería una realidad diferente» a la actual.