Los países tendrán hasta cuatro años para ejecutar las reformas y siete para las inversiones
Bruselas empieza a dar detalles de la arquitectura que ha ideado para regar a la economía europea con 750.000 millones de euros. No lo hará solo en un año, pero espera que a finales de 2022 se haya comprometido el 60% de las ayudas. La recepción de esos recursos —hasta 140.000 millones en el caso de España— estarán vinculados a la ejecución de reformas y de inversiones. Sin embargo, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, negó este jueves que esas condiciones puedan equipararse a las de un rescate financiero. “Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente”, afirmó el italiano.
Los Veintisiete podrán acceder desde el 1 de junio a los 540.000 millones de euros en préstamos —el paquete aprobado por el Eurogrupo el pasado mes de abril— para atender los problemas de liquidez de Gobiernos y empresas y financiar la protección del empleo. Con eso deberían ganar tiempo hasta que los jefes de Estado y de Gobierno y el Parlamento Europeo pongan fin a la tortuosa negociación que se avecina.
Fuentes comunitarias advierten, sin embargo, de que tras los problemas de liquidez pueden llegar los de solvencia. Por ello se creará un fondo transitorio con 11.500 millones, pero el grueso llegará el año que viene. La mayor parte de los recursos están en el Fondo para la Resiliencia y la Recuperación, dotado de 560.000 de los 750.000 millones del plan.
El proceso para acceder a ese dinero podría arrancar en octubre con la presentación de los planes presupuestarios nacionales. Las capitales podrían mandar ya un borrador de los planes de “recuperación y resiliencia”, que podría irse trabajando hasta el 30 de abril de 2021, cuando debería presentarse de forma oficial como un anexo al Programa Nacional de Reformas.
La idea de Bruselas es desterrar todo lo que pueda parecerse a un rescate. Gentiloni dijo entender que Europa todavía tenga en mente los programas a los que tuvieron que agarrarse varios países tras la Gran Recesión, pero pidió en superar esa lógica. “Debe quedar claro que es un instrumento distinto, no es un mecanismo de rescate”, señaló. Por ello, la Comisión quiere que sea el propio país el que proponga las reformas, que deberá consensuar con los técnicos del Ejecutivo comunitario.
Ello no significa, sin embargo, que las ayudas no tengan condiciones. La regulación propuesta por Bruselas señala que los planes deberán ser consistentes con los retos y las prioridades que se fijen en la supervisión macroeconómica del Semestre Europeo, así como los programas de reformas nacionales y los planes de energía y clima. “Cuando presente su plan nacional, cada país deberá explicar cómo contribuye a alcanzar las prioridades identificadas en el Semestre Europeo”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis.
El vicepresidente recordó que las indicaciones del Semestre Europeo no son solo económicas, sino también sociales. E insistió en que la prioridad debe ser la “modernización económica”. Dombrovskis trató de aclarar, no sin cierta ambigüedad, qué hay detrás de esa expresión. Se trata, dijo, de adaptar la economía a las prioridades fijadas por la Unión Europea: el Nuevo Pacto Verde y la agenda digital.
Agendas verde y digital
El Semestre Europeo recoge, no obstante, también los ajustes estructurales a los que se somete a los países. Este año no hay. Y de momento, podría seguir siendo así hasta que no se despeje por completo la magnitud de la crisis. Aun así, Bruselas no encara esta situación con la lógica de la austeridad. Prueba de ello es que Dombrovskis llamó a cubrir la brecha “inmensa” en inversión que provoca esta recesión.
“Quiero ser muy claro: no se trata de condicionalidad ni de intrusión de Bruselas. El fondo es voluntario y pone en el centro los planes nacionales de reformas. Se trata de que los países miembros tomen las riendas para reforzar su propio crecimiento y su tejido social y hacerlo coherente con nuestras prioridades, primero de todo con las transiciones verde y digital”, sostuvo Gentiloni, quien insistió en que el acceso a ese nuevo fondo es “voluntario”.
Con todos esos condicionantes —y los que puedan poner ahora las capitales y la Eurocámara— los países deberán proponer reformas a ejecutar en un máximo de cuatro años e inversiones que podrán desplegarse a lo largo de hasta siete, según los documentos elaborados por la Comisión. Los países, junto a Bruselas, irán fijando varios hitos intermedios, cuya consecución irá desbloqueando tramos de financiación.
El proceso se antoja poco ágil, pero aun así el Ejecutivo europeo se propone que a finales de 2022 al menos el 60% de las subvenciones a fondo perdido hayan llegado a su destino. A partir de ahí, se irán haciendo convocatorias con el dinero remanente hasta agotarlo en 2024.
Bruselas irá controlando periódicamente que los países van cumpliendo sus compromisos. En caso de que no lo hagan, la Comisión puede suspender las ayudas hasta que, en tres meses, la capital corrija. Si no lo hace, se podrá cancelar el programa.
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